Burgos.- La reforma procesal que actualmente estudia el Ministerio de Justicia debe simplificar los procedimientos penales y agilizarlos, ha señalado en una entrevista concedida a Efe el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo.
El fiscal superior admite que el procedimiento abreviado que se viene aplicando desde 1988 no siempre responde a la premura que se esperaba y "cuando la Justicia es lenta y tardía, deja de ser Justicia".
Como manera para ganar en agilidad en los procesos, Martín Granizo plantea la necesidad de promover el sistema de juicios rápidos, aunque siempre "asegurando las garantías procesales y los derechos de una adecuada defensa".
Otra de las vías para descongestionar los juzgados de procedimientos penales sería, en opinión del fiscal superior de Castilla y León, sacar del ámbito judicial ciertas resoluciones de conflictos.
En este sentido, Martín Granizo se ha mostrado partidario de una ley de mediación penal, similar a las que existen en países como Francia o Bélgica, que permita resolver conflictos por vía extrajudicial.
En su opinión, la aplicación de la mediación a ciertos asuntos penales puede suponer ventajas tanto para el denunciante, que ve satisfecha su demanda, como para el infractor, que se compromete a una "reparación" que facilita su rehabilitación.
El fiscal superior de Castilla y León ha advertido también del riesgo de "pensar que introducir una conducta como objeto de materia penal es la solución a cualquier problema", porque no siempre ocurre así.
"Hay una cierta tendencia a una huida hacia el derecho penal pensando que una mayor represión va a solucionar los problemas sociales, pero no siempre es así", ha explicado el fiscal superior de Castilla y León.
Algo parecido ocurre, según Martín Granizo, con la proliferación de fiscalías especiales para varias materias.
El fiscal superior de Castilla y León advierte de que la creación de estas fiscalías especiales no debe suponer que los fiscales generalistas "queden en segundo plano o sean minusvalorados", porque también son necesarios.
Martín Granizo ha reconocido que, aunque todo es mejorable, el esfuerzo del Ministerio de Justicia en los últimos años ha permitido reforzar la planta de fiscales, que en este momento considera adecuada, más cuando esta misma semana el Consejo Fiscal que asesora a la Fiscalía General del Estado ha informado sobre la distribución de cien nuevos fiscales que comenzarán a operar a partir de enero de 2010.
De hecho, considera que los fiscales de Castilla y León están listos para asumir nuevas responsabilidades en el momento en que se introduzcan en los procedimientos.
Martín Granizo ha asegurado que la Fiscalía está preparada en Castilla y León para asumir de inmediato el aumento de trabajo que supondría la aplicación de la segunda instancia penal, que funciona "en todos los países de nuestro entorno".
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