Santiago de Chile.- La Iglesia Católica chilena se sumó este martes a la mediación en el conflicto entre el Gobierno y y unos 13.000 funcionarios de Gendarmería (Servicio de Prisiones) que hoy cumplieron su segundo día de huelga en demanda de mejoras laborales y salariales.
La mediación está a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, que ha participado de las conversaciones telefónicas entre el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y los dirigentes de la mesa unitaria de trabajadores.
La intermediación de Goic se generó luego de que el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet recurriera este martes a la ley de seguridad del Estado.
La aplicación de esa ley supone que el Gobierno pide al Poder Judicial facultades para intervenir en los recintos carcelarios y determinar a los responsables y participantes en las transgresiones.
El requerimiento judicial por transgresión a la ley de seguridad del Estado fue presentado esta tarde en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables de infringir el artículo 11 de dicho estatuto, iniciativa que fue suscrita por el ministro del Interior de Chile, Edmundo Pérez Yoma.
La normativa, además, establece medidas para los medios de comunicación que inciten algún tipo de movilización en ese sentido.
La decisión del Ejecutivo se produjo tras una serie de incidentes protagonizados en varias ciudades por piquetes de huelguistas, que se enfrentaron con la policía, bloquearon carreteras y apedrearon vehículos.
Los mayores disturbios ocurrieron en las sureñas ciudades de Puerto Montt, donde se registraron al menos dos gendarmes heridos, Valdivia y en el puerto de Valparaíso.
Luego del anuncio de la querella los gendarmes se acuartelaron en las cárceles y sus dirigentes señalaron que la actitud del Gobierno solo agudizará el conflicto.
Los guardias de prisiones piden aumentos salariales, ampliación del contingente de funcionarios y mejoras en la infraestructura carcelaria.
También desean una instancia de discusión para hacer indicaciones al proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
Cristián Alveal, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, calificó como "lamentable" la decisión del Gobierno y aseguró que dicha iniciativa "lamentablemente podría generar una radicalización absoluta de las medidas que el personal pueda tomar al interior de los penales".
Esta tarde se vivieron momentos de tensión frente a la Penitenciaría de Santiago, cuando Carabineros (policía militarizada) intentó retirar algunos reclusos que debían presentarse en los juzgados, pero fueron rechazados por gendarmes fuertemente armados.
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