Oviedo.- El director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, ha denunciado hoy que el 95 por ciento de los asesinatos y violaciones de derechos humanos que se cometen en Colombia son obra del ejército.
En la foto, un combo de fotografías de víctimas de la matanza de Trujillo, donde fueron asesinadas entre 1986 y 1994 un total de 342 personas en el suroeste de Colombia, y de las que se responsabiliza al ejército. EFE/Archivo
Rafael Palacios ha presentado en rueda de prensa las primeras conclusiones del Quinto Informe de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia realizado por la Agencia asturiana, cuyos resultados serán presentados ante los parlamentos asturiano, español y europeo y a la oficina de Naciones Unidas.
Una delegación asturiana formada por siete personas, entre los que se encontraba Palacios, estuvo en Colombia entre el 18 de abril y el pasado día 3 para "recabar pruebas y denuncias capaces de destapar la corrupción que hay en el Gobierno de Álvaro Uribe", presidente de Colombia, según ha señalado el director de la Agencia.
Comprobaron que la mayor parte de los asesinatos que se cometen "ya no son obra de grupos paramilitares sino que los llevan a cabo miembros del ejército colombiano", ha insistido Palacios.
"Son los llamados falsos positivos, cogen a jóvenes marginales, les quitan la vida y después les visten con el uniforme militar para que sus cuerpos no puedan ser reclamados por sus familias", ha comentado.
La delegación asturiana denuncia que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, "sino una práctica muy extendida" cometida por un importante número de unidades militares.
"Las ejecuciones militares son una práctica extendida y sistemática que se produce en muchas zonas del país, lo que demuestra que están planificadas desde el propio Gobierno", ha apuntado Palacios.
Ha criticado que "el problema de Colombia es consecuencia de un sistema basado en el narcotráfico y en un paramilitarismo auspiciado por el Ejecutivo colombiano que permite secuestros, torturas, masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales".
"La situación es extrema", ha dicho Palacios, quien ha denunciado que actualmente hay 72 congresistas en procesos judiciales de este tipo, así como alcaldes, gobernadores y demás cargos políticos del país.
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