La ex teniente alcalde de Portugalete, herida en un atentado, dice que siempre se sintió amenazada

San Fernando de Henares (Madrid).-  La ex teniente alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, herida junto a su escolta en un atentado en 2002, ha dicho hoy en el juicio contra el presunto etarra Gorka Martínez Arkarazo que siempre ha tenido la "sensación de amenaza" y que era "inevitable".

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(EFE)

Gorka Martínez Arkarazo, acusado de intentar asesinar en febrero de 2002 a la teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, y a su escolta en un atentado en el que resultaron heridas otras dieciocho personas, hechos por los que la Fiscalía pide para él 377 años de prisión, durante el juicio que se sigue contra él en las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Durante la vista, que se ha iniciado hoy en la Audiencia Nacional, el acusado de intentar asesinar a Cabezudo, a su escolta y a otras 18 personas que resultaron heridas y para quien el fiscal pedirá 377 años de cárcel, ha negado pertenecer a ETA así como haber participado en ese atentado o ayudado para su comisión.

A preguntas de su abogado, también ha dicho desconocer el manejo y la confección de explosivos, y ha asegurado que el día de los hechos estuvo trabajando.

En su declaración policial tras su detención en septiembre de 2003, leída hoy al tribunal, Martínez Arkarazo, quien trabajaba como auxiliar en la Policía Municipal de Amorebieta, reconoció que había empezado a colaborar con ETA en marzo de 2001.

Esther Cabezudo ha recordado que el 28 de febrero de 2002 se dirigió andando desde su domicilio junto a su escolta hacia el Ayuntamiento cuando en la acera contraria y por la que usualmente transitaban se produjo una explosión.

El artefacto, compuesto por 20 kilos de tytadine, se encontraba en un carrito de la compra que fue activado por radio mando.

La ex teniente de alcalde ha relatado que cayó al suelo y que el escolta "voló" por encima de ella.

Cabezudo, que tiene reconocida la incapacidad total permanente desde 2004, ha explicado que a consecuencia del atentado sufre vértigos, una sordera "bastante importante" y tiene metralla alojada en la parte derecha del cuerpo, entre otras secuelas.

En abril de 2004 Esther Cabezudo renunció a su cargo como concejal del Ayuntamiento de Portugalete, donde había desempeñado su labor durante 17 años.

Además de la pena de prisión el fiscal Juan Moral solicitará que el presunto etarra indemnice a Cabezudo con 100.000 euros y con 350.000 a su escolta.

Durante su declaración en el juicio, el escolta Ignacio Torres Mediavilla, que también sufrió graves lesiones en el atentado a consecuencia de las cuales no puede desempeñar su profesión, ha considerado que si hubieran circulado por la acera que solían transitar, en la que estaba colocado el carrito con el artefacto explosivo, está "clarísimo" que hubieran muerto en el atentado.

"Sentimos una gran explosión y salí volando", ha relatado el escolta, que ha indicado que había grandes destrozos.

Los peritos que han declarado en el juicio han determinado que el artefacto tenía una gran capacidad explosiva y que su objetivo era causar la muerte de las personas que estuvieran en las proximidades, lo que también podría haber ocurrido en caso de que Cabezudo y su escolta hubieran ido en coche.

Otros peritos han determinado también que en el momento de los hechos Martínez Arkarazo era miembro legal del "comando Olaia" que actuaba en Vizcaya.

Cabezudo ha sido acompañada hoy en el juicio por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Miguel Ángel Cabieces; el secretario general del PSE en Vizcaya, José Antonio Pastor, y otros miembros de este partido y de la corporación de Portugalete.

En declaraciones a los periodistas, Pastor ha dicho que la celebración de esta vista demuestra que "los asesinos pagan sus culpas y que quien comete crímenes acaba en la cárcel".

"Podemos esperar que más pronto que tarde no tengamos que volver a juicios de este tipo porque haya desaparecido ETA para siempre", ha confiado Pastor.

El juicio ha sido suspendido sin fecha hasta que se incorpore a la causa, a petición del Ministerio Fiscal, un informe de la Policía Científica.