Zaragoza.- El juez de Jaca encargado de la investigación del secuestro y asesinato de la empresaria de Sabiñánigo (Huesca) María Pilar Blasco ha puesto hoy en libertad al rumano encarcelado desde hace diez meses por su implicación en este caso y mantiene en prisión al empresario Francisco Javier P.G.
En la imagen de archivo, más de tres mil personas en la plaza de España y las calles aledañas, durante la concentración silenciosa en solidaridad con la familia de Maria Pilar Blasco.
En declaraciones a EFE, el letrado Manuel Arcas ha explicado que el rumano, al que defiende, se encontraba en la cárcel de Zuera desde hace diez meses con una única prueba contra él, la declaración del citado empresario.
Ha agregado que en el careo celebrado hoy en el juzgado de Jaca entre las dos personas encarceladas por este caso se ha visto "claramente" que el empresario mentía, ya que ha dado una tercera versión de los hechos, diferente a las dos anteriores ante la Policía y el juzgado.
Además, acaban de llegar varias pruebas de la Guardia Civil y en ellas "no había ninguna evidencia que relacionara al rumano con el lugar de los hechos, ni con las cuerdas, ni con el saco, ni con el coche", ha dicho el abogado, y por ello el juez "ha decidido ponerlo en libertad".
Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2008, cuando desapareció María Pilar Blasco Gracia, sobre las 15:30 horas, mientras se desplazaba desde su domicilio hasta su puesto de trabajo, una empresa de material de construcción situada a unos 400 metros de distancia de su casa.
La empresaria fue asesinada unas horas después de su secuestro, siendo arrojada viva a un canal próximo a Sabiñánigo con dos sacos de cincuenta kilogramos atados a sus extremidades, y atada y amordazada, según recogía la autopsia.
Su cadáver fue hallado cuatro días después de ser denunciada su desaparición en el fondo de un canal próximo a Sabiñánigo, atado, amordazado y con dos pesos colgados del cuerpo.
Un constructor de Sabiñánigo, Francisco Javier P.G., fue detenido siete días después del crimen como posible autor de los hechos, y en sus primeras declaraciones judiciales admitió su participación en el secuestro de la empresaria, casada, de 54 años y con tres hijos, pero responsabilizó del crimen a un grupo de personas de nacionalidad rumana.
Cinco personas de nacionalidad rumana también fueron detenidas por su posible implicación en el caso, y de ellos sólo uno ingresó en la cárcel de Zuera, donde ha permanecido hasta hoy.
El proceso de este caso se encuentra todavía en fase de instrucción, ya que faltan por recibir algunas pruebas de criminología y se va a solicitar una reconstrucción de los hechos, ya que hay varios testigos que dicen haber visto al empresario y se quiere comprobar que sus declaraciones coinciden con la del empresario, ha dicho el letrado.
El constructor Francisco Javier P.J., cliente de la empresa de suministro de material de construcción propiedad de la víctima, tenía pendientes órdenes de embargo por las deudas que acumulaba desde hace tiempo, entre otras a la seguridad social.
Las deudas contraídas por el constructor habían llevado a varios de sus proveedores a no suministrarle nuevos pedidos.
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