Guatemala.- El Concejo Ecuménico de Guatemala, al que pertenecen las iglesias católica, evangélica, luterana y la Conferencia Episcopal, advirtió hoy de que la impunidad pone en riesgo el Acuerdo Nacional de Seguridad, firmado el 15 de abril.
El presidente del Concejo Ecuménico, Vitalino Similox, aseguró que a la impunidad se suman la corrupción y la debilidad del sistema de justicia como otros de los riesgos que enfrenta el plan. EFE/Archivo
El presidente del Concejo Ecuménico, Vitalino Similox, aseguró en rueda de prensa que a la impunidad se suman la corrupción y la debilidad del sistema de justicia como otros de los riesgos que enfrenta el plan, suscrito por los tres poderes del Estado, para combatir al crimen organizado.
Según el religioso, las autoridades anunciaron "tarde" el acuerdo pese a la violencia desbordada que se registra en Guatemala y que se cobra la vida de un promedio de 17 personas diarias.
El cumplimiento de los 101 compromisos que contiene el plan de seguridad deberá enfrentar las complejidades que representan la violencia organizada, el narcotráfico y las pandillas, que tienen asfixiada a la sociedad, añadió.
Similox anunció que, en un afán de contribuir a la recuperación de los valores morales, el Concejo Ecuménico inaugurará el próximo 31 de mayo una campaña a nivel nacional en contra de la violencia.
En la campaña, denominada "Por la vida y contra la violencia en Guatemala", se promocionarán los valores éticos y morales, y oraciones para hacer conciencia para que la población contribuya a la solución de la problemática de seguridad, explicó.
Añadió que el Concejo solicitará a los líderes de las diferentes iglesias del país constituirse en fuentes de información sobre los hechos de violencia que ocurren en sus comunidades y los den a conocer a las autoridades con estadísticas.
Similox instó a las autoridades a diseñar una "ruta crítica" para combatir todas las expresiones de violencia y que se otorgue cuanto antes un presupuesto para ejecutar los compromisos del Acuerdo Nacional de Seguridad que deben cumplir los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de la Fiscalía.
El acuerdo contempla, entre otros puntos, la institucionalización de las políticas de seguridad, reformas en las estructuras de la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario.
También, políticas para la investigación criminal y contra la impunidad, la de administración de justicia, el control de armas, la regulación de las empresas privadas de seguridad, un programa de comunicación y participación social.
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