Aprobada la ley de Medidas Urgentes que defienden CC y PP

Santa Cruz de Tenerife.-  El Parlamento de Canarias aprobó hoy la ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y de ordenación del turismo con la oposición del grupo Socialista, que calificó la ley de insostenible mientras que los grupos de CC y PP la defendieron al entender que favorece el desarrollo económico de las islas.

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(EFE)

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. EFE/Archivo

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, consideró que se trata de una de las leyes más importantes que ha impulsado el Parlamento canario y afirmó que en ella se combina la preservación del territorio con la introducción de medidas para activar la economía.

Rivero indicó que esta ley ha sido una de las medidas estructurales impulsadas por el Gobierno canario para afrontar la situación de crisis económica ya que apuesta por la diversificación económica en el momento en el que más se precisa.

El jefe del Ejecutivo canario indicó que aunque la ley no ha conseguido el consenso político si ha tenido el consenso social y calificó de hito histórico su aprobación ya que apuesta por el desarrollo y la potenciación del sector primario y facilita la actividad agrícola y el desarrollo de la ganadera.

También supone, dijo el presidente, una apuesta por el desarrollo industrial y una defensa del turismo de calidad y de la rehabilitación sin consumir más suelo.

Dijo que esta ley y las medidas que introducen permiten ver el futuro de forma esperanzadora porque facilitarán la creación de empleo y la preservación del territorio.

El diputado del grupo Socialista Manuel Fajardo dijo que el trámite plenario era la última esperanza de que el Gobierno recapacitara en su intención de aprobar esta ley aunque, dijo, era consciente de la cabezonería de los grupos de CC y PP y lamentó que todos los intentos de diálogo y consenso hayan resultado en vano.

El diputado socialista reconoció la necesidad de una ley que agilice los trámites administrativos y eliminen los estrangulamientos que dificultan el desarrollo económico pero rechazó una ley como la que ha presentado el Gobierno canario que defiende tesis neoliberales al tiempo que estimó que una ley tan excepcional requiere el consenso no solo político sino también con los agentes económicos.

Se trata de una ley insostenible, dijo Fajardo, que pretende aplicar la flexibilidad para decisiones discrecionales y continuar con un modelo económico y turístico agotado.

En su opinión, con este proyecto se pretende desactivar los planes insulares para activar el antiguo modelo urbanístico y consideró que el sector primario no sale beneficiado ya que se promueve la ocupación del suelo urbano y se reducen los requisitos para ello.

Supone un grave retroceso para el territorio, para la contención del crecimiento turístico e invade competencias locales, aseveró el parlamentario socialista.

Además criticó que se trate de una ley sin medidas económicas contra la crisis dado que no favorecerá la diversificación económica.

Por el contrario, el diputado del grupo Popular Miguel Jorge consideró que esta ley dinamizará la actividad agrícola y ganadera, turística e industrial y aunque reconoció que no será una panacea si ayudará a remover un buen número de obstáculos que la normativa urbanística tiene en la actualidad.

A su juicio, será una ley que sobrepase la actual coyuntura ya que dijo, se abre una nueva etapa en la conformación de nuevas leyes que deben estar pensadas en el ciudadano que en la administración pública.

"Leyes posibles y no imposibles de cumplir" dijo el parlamentario popular quién lamentó que no haya sido posible llegar a un acuerdo con el grupo Socialista a quién atribuyó "esta irresponsabilidad" política.

Afirmó que no se puede decir que se quiere el consenso y cuando se puede no promoverlo y aseguró que nunca lo socialistas tuvieron intención de llegar a un acuerdo.

Jorge dijo que la ley será un buen instrumento para los ciudadanos y en concreto aludió a la racionalización y simplificación administrativa que promueve y destacó el carácter posibilista de la normativa a la hora de determinar que será posibles aquellas construcciones que el planeamiento no están prohibidas.

Estimó que propone medidas concretas para problemas concretos y aseguró que no se moverá en el limbo sino que desde su entrada en vigor resolverá la incertidumbre que tiene la legalidad vigente y que supone una cortapisa en el desarrollo profesional de sectores como el agrícola o el ganadero.

José Miguel González, de CC, señaló que se opuso a todas las enmiendas socialistas ya que no ofrecen argumentos ni sugerencias, subrayó que para que haya consenso tiene que haber ganas y sospechó que lo ha pretendido el PSOE es boicotear una ley claramente favorable para la ciudadanía canaria.

Se trata, dijo, de una ley muy importante que racionaliza el uso del suelo, potencia al sector primaria, favorece el sector industrial y pone los medios para que el sector turístico proceda a su rehabilitación.

El diputado nacionalista señaló que las enmiendas presentadas por CC y PP reflejan lo que los agentes sociales y las administraciones han querido y culpó al grupo Socialista de querer que un agricultor para arrancar un zarzal tenga que pedir una calificación territorial al cabildo en lugar de poder hacerlo por una licencia municipal.

González señaló que los ayuntamientos aumentan sus competencias "enormemente" y aludió aspectos de la ley como la potenciación de la rehabilitación de las zonas turísticas obsoletas o los planes de modernización del Gobierno.