La defensa de Alierta pide su absolución y acusa a la Fiscalía de "tergiversar"

Madrid.-  La defensa del presidente de Telefónica, César Alierta, pidió hoy su absolución en el caso Tabacalera porque la información que usó en la compra de acciones de la tabaquera en 1997 ya era conocida por el mercado, y acusó a la Fiscalía Anticorrupción de "cambiar los hechos y tergiversarlos".

Durante las conclusiones del juicio oral que se ha seguido en la Audiencia Provincial de Madrid contra Alierta y su sobrino Luis Javier Plácer, el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo se quejó de que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido siempre una "sospecha de ilegalidad" en todo aquello en lo que aparece Alierta.

En este sentido, contrapuso su actitud con la de la Fiscalía General del Estado, que al principio de la investigación no encontró indicios de delito en su actuación.

El letrado insistió en que durante el juicio ha quedado probado que la información de la compra de la empresa estadounidense Havatampa estaba ya disponible para los inversores, que conocían "sobradamente" los planes de expansión de Tabacalera en EEUU, sobre los que se dieron pasos importantes en el verano de 1997.

Contrariamente a lo que sostiene la Fiscalía, la defensa de Alierta también hizo hincapié en que esa operación no produjo un "efecto significativo" en la cotización de Tabacalera, que no registró una "diferencia notable de precio" el día en el que se anunció.

El 11 de septiembre de 1997, cuando se anunció la adquisición de Havatampa, las acciones de Tabacalera cayeron un 0,48%, menos que el Íbex-35, aunque empezaron a subir a partir del día siguiente.

En su opinión, "hay un desolador vacío probatorio" por parte de la Fiscalía de las razones que motivaron que las acciones de Tabacalera subieran a partir del 15 de septiembre de 1997.

La defensa negó que ese comportamiento se debiera al anuncio de la compra de Havatampa el 11 de septiembre y de la subida de los precios del tabaco dos días después.

A su juicio, el tribunal debería absolver a Alierta porque no hay "relación de causalidad" entre la subida de las acciones durante la última parte de 1997 y la publicación de esas operaciones.

Además, argumentó que también debería absolver a los acusados porque las ganancias obtenidas fueron inferiores a los 100 millones de pesetas (600.000 euros) exigidos legalmente para que exista un delito de uso de información privilegiada.

En su opinión, a los 309 millones que maneja el Fiscal habría que restar las ganancias motivadas exclusivamente por la subida de la bolsa, lo que arrojaría un máximo de 80 millones de pesetas.

La defensa de Alierta negó que su comportamiento afectara a los intereses generales, lo que podría provocar una condena agravada, ya que a su juicio unas ganancias de 309 millones de pesetas (1,86 millones de euros) "en modo alguno pueden tener repercusión en la economía nacional y menos de carácter grave".

"Supone un sarcasmo doloroso y sin fundamento haber sentado en el banquillo a Alierta y haberle acusado de afectar a los intereses generales del país y haber puesto en juego la prosperidad del país", declaró el abogado del presidente de Telefónica.

En su opinión, "cuando el fiscal decía que quería probar que afectó a los intereses generales sabíamos que era un pretexto para forzar el juicio oral".

De hecho, insistió en que la potencial "inhabilitación de Alierta sí afectaría gravemente a la prosperidad del país porque muy pocos empresarios españoles han hecho tanto por la riqueza del país y su prosperidad" como él.

La defensa del presidente de Telefónica también rechazó que hubieran roto la igualdad de todos los inversores, ya que las ganancias obtenidas con acciones de Tabacalera fueron "las mismas" que habría logrado cualquiera que hubiera comprado tras conocerse la adquisición de Havatampa y la subida del tabaco.

Durante su exposición de conclusiones, el letrado Rodríguez Mourullo rechazó que existiera el ocultamiento de datos que ve la Fiscalía Anticorrupción en el comportamiento de Alierta y Plácer.

También argumentó que Plácer no tuvo la conducta de alguien que utiliza información privilegiada, que suele acumular gran número de acciones y las vende el mismo día en que se publica la información reservada.

Por el contrario, dijo, el sobrino de Alierta vendió títulos de Tabacalera en julio y los que compró entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre los mantuvo en cartera varios meses.

La defensa de Alierta también destacó el buen hacer del director de Inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que "frenó el ardor inquisitivo y puso cordura donde no la había" al ordenar que se paralizara la investigación.

"No guillotinó la investigación", sostuvo Rodríguez Mourullo en referencia a las opiniones del Fiscal, sino que aseguró que "hizo lo que tenía que hacer desde su función".