Naciones Unidas.- La ONU anunció hoy que ha renovado por dos años el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que investiga las estructuras estatales de delincuencia en ese país.
La Comisión es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en diciembre de 2006, que al año siguiente fue ratificado por el Parlamento.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, accedió a la petición trasladada por el Gobierno guatemalteco favorable a la renovación y alentó a los miembros de la Comisión para que continúen con su labor, dijo la portavoz de la ONU, Marie Okabe.
El mandato del órgano que encabeza el jurista español Carlos Castresana expiraba el próximo septiembre, dos años después de su creación para combatir los tentáculos del crimen organizado en el aparato estatal guatemalteco.
Okabe precisó que el nuevo mandato de dos años empezará el próximo 4 de septiembre, el mismo día en que terminaba el anterior.
Castresana pidió el pasado febrero, en una visita a la sede de la ONU, que se permitiera a la CICIG terminar la labor iniciada en enero de 2008, después de un período inicial invertido en su organización.
El juez español aseguró entonces que se habían conseguido "avances sustanciales" en contra de los engranajes criminales que han postrado al sistema judicial guatemalteco.
Dijo que la depuración llevada a cabo en la policía nacional resultó en el despido de los responsables de unas 50 comisarias y de unos 1.700 agentes considerados "indeseables".
Así mismo, señaló que se ha producido el relevo del fiscal general del país y de otros diez fiscales jefes regionales por la misma razón.
Castresana advirtió de que las "organizaciones criminales trasnacionales" que amenazan la seguridad de los guatemaltecos han conseguido infiltrarse en el Gobierno, la política, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Esas organizaciones aprovechan las estructuras clandestinas estatales que durante el largo conflicto armado interno guatemalteco cometieron y ocultaron las violaciones de los derechos humanos para actuar con impunidad, según la CICIG.
La Comisión es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en diciembre de 2006, que al año siguiente fue ratificado por el Parlamento de ese país pese a la oposición de algunos grupos políticos que la consideran una intromisión en la soberanía nacional.
Cuenta con unos 150 empleados, tanto internacionales como guatemaltecos, y se financia mediante aportaciones voluntarias de la comunidad internacional, que hasta ahora ha donado 20 millones de dólares.
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