Mérida.- Un total de 5.462 supuestos casos de maltrato infantil se notificaron en la región entre 2002 y 2008, la mayoría de ellos, es decir unos 5.000 quedaron en nada, mientras que el resto dio lugar a algún tipo de actuación de tutela o guarda por parte de la Junta de Extremadura.
Un total de 5.462 supuestos casos de maltrato infantil se notificaron en la región entre 2002 y 2008, la mayoría de ellos, es decir unos 5.000 quedaron en nada, mientras que el resto dio lugar a algún tipo de actuación de tutela o guarda por parte de la Junta de Extremadura. EFE/Archivo
Estos datos han sido facilitados hoy por la directora general de Infancia y Familia, Nuria Sánchez Villa, que ha comparecido ante la Comisión de Igualdad y Empleo, a petición del PP, para informar sobre ésta y otras cuestiones relacionadas con los menores.
Sánchez Villa ha destacado que este elevado número de notificaciones responde a la gran sensibilización de la sociedad extremeña ante este problema, que, al igual que la violencia de género, ha salido del ámbito de lo privado y ha pasado al de la responsabilidad ciudadana.
Esto lleva, según la directora general, a que la más leve sospecha de desprotección o maltrato a un menor sea puesta en conocimiento de la administración, que es la encargada de iniciar "un proceso riguroso de seguimiento" para determinar si esta situación se da o no.
A pesar de que la mayoría de las notificaciones quedan en nada, Sánchez ha animado a los ciudadanos y a los profesionales de los distintos ámbitos relacionados con la infancia a que sigan poniendo en conocimiento de la Administración las situaciones de las que sospechen, "por mínimas que sean".
En ese sentido, ha destacado la importancia del Programa Familia en el que trabajan 139 profesionales, psicólogos o trabajadores sociales, adscritos a los ayuntamientos y mancomunidades y que este año cuenta con una dotación de la Junta de 1,5 millones de euros.
Asimismo, ha recordado que el año pasado se puso en marcha el programa "Por el buen trato a la infancia", tendente a formar y facilitar herramientas de trabajo a los profesionales del ámbito educativo, sanitario, policial y de los servicios sociales para la detección y abordaje del maltrato infantil.
En concreto, en 2009, según Nuria Sánchez, se trabajará de manera especial con el colectivo policial al que se le facilitará una guía específica, como al resto de profesionales, y se incidirá en su formación.
Para Sánchez, este tipo de actuaciones ha hecho que en los últimos años hayan bajado las notificaciones de posibles casos de maltrato infantil, ya que hay una mayor selección previa de los casos por parte de los profesionales.
Según otros datos facilitados por la directora general, a finales de 2008 existían en Extremadura 776 menores dentro del sistema de protección, 537 tutelados y 191 en guarda.
Por otra parte, ánchez ha explicado que desde el pasado 1 de enero funciona en la región el Teléfono del Menor, puesto en marcha mediante un convenio con la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), para atender las dudas y problemas de los menores extremeños.
Tras destacar la solvencia de esta fundación, la directora general ha especificado que tiene su centralita en Madrid, donde 14 psicólogos debidamente formados atienden todas las llamadas, y que prevé contar con una sede en Cáceres.
Ha especificado que también existe otro teléfono, en este caso no gratuito, para atender las dudas de los adultos en relación con los menores, así como una página web y correo electrónico para responder, de igual forma, a las consultas que se les hagan.
En el caso de supuestos casos de maltrato, según Sánchez, los trabajadores sociales de ANAR se ponen en contacto con la Junta y les hacen llegar un informa exhaustivo al respecto para que se inicien las acciones oportunas.
Por otra parte, la directora general ha explicado el caso del menor de 16 años que abandonó un piso tutelado en Castuera (Badajoz) el pasado 20 de mayo y que en la actualidad reside con un familiar.
Ha destacado que la Junta trabaja con él desde el mismo día de la fuga para su retorno, algo a lo que no pueden obligarle, además de hacer hincapié en que el sistema de protección de menores en Extremadura funciona correctamente.
Por su parte, el PP ha considerado la política de infancia en Extremadura como un "fracaso", ha pedido la dimisión de la directora general por considerar que el menor de Castuera ha estado desaparecido durante cuatro meses y ha reclamado la puesta en marcha en la Comunidad Autónoma del Defensor del Menor.
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