Justicia, verdad, memoria

El pasado 3 de abril se cumplieron 33 años del secuestro del padre de la uruguaya Adriana Cabrera Esteve. Un operativo militar le sacó a la fuerza de su casa y le hizo desaparecer. Desde entonces Adriana no ha vuelto a saber nada de él. Pero se considera afortunada: a diferencia de otros muchos hijos de desaparecidos, pudo conocerle. Y él incluso pudo ver a su primer nieto, el hijo de Adriana.

(EFE)

¿Por qué negamos a los familiares el derecho a enterrarlos dignamente?

Tres décadas después de un adiós inexistente, Adriana todavía se pregunta dónde se encuentra su padre: "dicen que no están muertos, y sin embargo lo están. No están vivos, y sin embargo lo están. Están en ese lugar, suspendido en el tiempo donde las despedidas no existen". En las palabras de Adriana, en su actitud, no hay odio ni deseos de venganza. Sólo quiere que su padre, esté donde esté, se sienta orgulloso de ella.

"Los seres humanos vivimos en diálogo con los otros. Cuando un ser querido tiene frío, lo abrigamos, cuando tiene hambre, lo alimentamos, cuando enferma lo cuidamos, cuando muere lo enterramos. Y para todo eso nos organizamos como colectivo. Como sociedad nos ayudamos para procurarnos el alimento, la salud, y también para construir las instituciones que aseguren el libre desempeño de la justicia", asegura Adriana en una carta al diario uruguayo La República. "En este marco, los familiares, las organizaciones sociales y los partidos políticos que seguíamos hablando de verdad y justicia pasamos a ser incómodos en nuestra sociedad".

Leo la historia de Adriana y necesariamente tengo que recordar que en España también tenemos desaparecidos. Y que, como los uruguayos, se han convertido en algo muy incómodo para nuestra sociedad. Tanto como para que un gobierno teóricamente de izquierdas se desentienda de su suerte. Hace unas semanas, el pleno del Senado español rechazó una proposición de ley para organizar y costear, de manera directa y rápida, la búsqueda e identificación de los restos de las víctimas del franquismo que permanecen en fosas comunes. Es decir, que el Estado no asume las exhumaciones. Ese mismo día, cosas de la vida, el Pleno del Congreso aprobó un Real Decreto con Medidas Urgentes eliminando el tope del 5% como máxima participación del accionista de una cadena de televisión en otra, permitiendo así la fusión entre cadenas.

Las prioridades de este Gobierno de Zapatero parecen evidentes. Lo cual es una canallada. ¿Cómo es posible que no comprendamos el sacrificio que realizó la gente que permanece enterrada en las cunetas? ¿Por qué negamos a los familiares vivos una última oportunidad para recuperar los cuerpos de sus padres, hermanos...? ¿Seremos capaces de pasar por encima de sus restos, dejaremos a nuestros hijos semejante indignidad? Han pasado más de 70 años, y me temo que ni nuestro Estado ni nuestra sociedad están a la altura de las víctimas.

En Uruguay, 33 años después, se están produciendo las primeras condenas a mandos militares por la desaparición de uruguayos en Argentina. Uno de ellos era el padre de una Adriana que ha luchado, como otros muchos, por acabar con la impunidad y conocer la verdad. Su historia demuestra lo que ya sabemos: que para superar definitivamente el dolor es necesario enfrentarse a la memoria. A la verdad. A la justicia. El resto son excusas de pusilánime, de mediocre, de miedoso, de hipócrita.