Los 155 ERE aprobados en Aragón este año afectan a casi 5.000 trabajadores

Zaragoza.-  El Departamento de Economía del Gobierno de Aragón ha aprobado en lo que va de año 155 expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a 4.961 trabajadores, ha informado hoy el director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, Antonio Alastrué.

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(EFE)

El Departamento de Economía del Gobierno de Aragón ha aprobado en lo que va de año 155 expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectan a 4.961 trabajadores, ha informado hoy el director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, Antonio Alastrué. EFE/Archivo

Alastrué ha comparecido hoy, a propuesta del PP, en la Comisión de Economía de las Cortes de Aragón para informar sobre los criterios seguidos por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo para la resolución de los ERE en 2008.

El director general de Trabajo, quien ha remarcado que los ERE se mueven en un "procedimiento legal, causal y participativo" en el que las empresas deben alegar siempre causas de tipo económico, técnico, organizativo o productivo, ha apuntado que en lo que va de año (hasta el pasado viernes) se han presentado 206 expedientes, de los que 155 han sido autorizados y otros 51 están pendientes de resolución.

Los 155 ERE autorizados afectan a 4.961 puestos de trabajo, de los que sólo 96 han sido extinguidos y la inmensa mayoría, 4.642, han sido suspendidos temporalmente, ha señalado Alastrué, quien ha añadido que en el 85 por ciento de los casos existe un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y las empresas, una situación en la que la autoridad laboral se limita a convalidarlo.

Sólo en el 15 por ciento de los casos, la autoridad laboral se ve obligada a rechazar los ERE, por causas como la falta de justificación o la ausencia de un plan social, o a aprobarlos sin acuerdo previo entre las partes.

Alastrué ha subrayado que los ERE "se mueven en un procedimiento legal" marcado por el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto en esta materia, además de toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que constituye el "bloque jurídico que soporta la aplicación de los expedientes".

Además, ha continuado, se trata de un procedimiento causal en el que las empresas deben alegar y documentar una causa económica, técnica, organizativa o productiva pero, sobre todo, es un proceso participativo y negociado entre los sindicatos y la empresa.

Según Alastrué, el periodo de consultas en el que se produce esta negociación es el "núcleo central" del procedimiento de resolución de los ERE, más allá de otras cuestiones como la entrega de documentación o los informes de la Inspección o de los trabajadores.

Pese a ello, ha afirmado que la intervención de la Administración Pública es "inevitable", puesto que ayuda a regular el proceso a la hora de la entrega, el visado y la comprobación de la documentación, y asegura que no se produce ningún tipo de coacción o fraude durante el proceso.

Además, ha añadido, la administración tiene que mediar cuando no hay acuerdo en el periodo de consultas para tratar de acercar posturas en la fase de resolución, mediante las negociaciones que se mantienen en la sede de la autoridad laboral.

Cuando no se logra el acuerdo, ni si quiera en este proceso de mediación, la Dirección General de Trabajo siempre trata de tomar la "decisión más equilibrada posible" y con una "perspectiva técnica". "Es la mayor imparcialidad posible en una administración pública", ha concluido Alastrué.

La Comisión de las Cortes también ha debatido y rechazado una proposición no de ley de Chunta Aragonesista (CHA) que instaba al Gobierno de Aragón a exigir a las empresas la máxima justificación en los ERE, solicitar la devolución de las subvenciones y ayudas públicas a las empresas en el caso de cierre e incrementar los medios humanos y materiales del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.

La iniciativa, que ha recibido el apoyo de CHA y PP, ha sido rechazada con los votos de PSOE y PAR.

Con los mismos votos ha sido rechazada otra proposición no de ley del PP que pretendía el aumento de las dotaciones presupuestarias previstas para la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados.