Madrid.- El Gobierno ha desclasificado hoy toda la documentación sobre el accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en agosto de 2005, con lo que el Juzgado Togado Militar Territorial número 11 podrá seguir las diligencias sobre la investigación del siniestro.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, llega a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que hoy también presidió, ya que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en Bruselas para participar en el Consejo Europeo.
Así, el Consejo de Ministros ha acordado desclasificar todos los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativos a este accidente, con el propósito de que pueda llegarse al "total esclarecimiento" de las causas que motivaron el siniestro.
Según ha informado en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el Ejecutivo quiere con esta medida dar respuesta al requerimiento del juez togado militar que investiga los hechos.
"No les quepa duda de que el Gobierno va a colaborar en todo lo que esté en su mano para el total esclarecimiento y conocimiento público de las causas que motivaron este accidente", ha garantizado.
De la Vega se lo ha querido transmitir así "muy especialmente" a los compañeros, familiares y amigos de los 17 militares fallecidos, a quienes también envió un mensaje de afecto y de solidaridad en nombre del Gobierno.
Entre los documentos desclasificados se encuentra el informe de seguridad del vuelo del helicóptero del Cougar, que se estrelló cerca de Herat (Afganistán) el 16 de agosto de 2005.
No obstante, el Gobierno quiere que el juez disponga de esta documentación con el mayor grado de protección y reserva procesal que, por su naturaleza, pueda adoptar.
Pese a que el Juzgado Togado Militar decretó el archivo del caso en junio del año pasado sin establecer "ninguna responsabilidad penal", las asociaciones militares pidieron que siguieran las investigaciones sobre las causas que provocaron el accidente del helicóptero por considerar que no se han aclarado suficientemente.
Tres meses después, el Tribunal Militar Territorial Primero decidió que siguieran las diligencias al estimar el recurso de apelación interpuesto por el padre de una de las víctimas, el capitán Eduardo Guitard, piloto del helicóptero que falleció en el accidente.
El juez militar y el informe de la comisión de investigación sobre el siniestro, presentado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, en septiembre de 2005, coincidieron en rechazar un ataque externo o una avería, aunque no determinaron la causa exacta que provocó la colisión del aparato.
Ambos estudios sugerían la posibilidad de que el piloto hubiera hecho una maniobra agresiva cuando volaba a poca altura del suelo y con condiciones meteorológicas y orográficas adversas.
De hecho, hasta tres informes elaborados por la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares -uno inicial, otro preliminar y otro definitivo- apuntaron en su momento que el helicóptero se estrelló por un accidente y no por un ataque hostil.
El accidente ocurrió el 16 de agosto de 2005, los militares fallecidos pertenecían a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (ISAF) y en el momento del siniestro realizaban una misión táctica cerca de la ciudad de Herat, al oeste de Afganistán.
Un segundo aparato, que participaba también en la operación, realizó una maniobra evasiva al pensar que el primer helicóptero había sufrido un ataque, y acabó efectuando un aterrizaje de emergencia en el que resultaron heridos cinco de sus ocupantes.
Se trata de la segunda catástrofe más grave sufrida por las Fuerzas Armadas españolas, después del accidente en el que fallecieron los 62 militares que iban a bordo de un Yak-42 que se precipitó en Trabzon (Turquía), en mayo de 2003, cuando regresaban a España desde Afganistán.
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