Buenos Aires.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, sorprendió hoy a la oposición al anunciar su intención de adelantar cuatro meses las elecciones legislativas de octubre, en momentos en que sigue su disputa con el campo y el país comienza a sentir el impacto de la crisis global.
La iniciativa de la mandataria, que a juicio de analistas supone un riesgo político para el Gobierno, abre una carrera contrarreloj en el Parlamento y ha dividido las opiniones en la oposición, que comienza a consolidar alianzas y aún no ha concertado sus listas de candidatos.
Fernández se justificó en que "sería suicida" para el país estar en un clima electoral "permanente" hasta octubre, al anunciar que quiere que los comicios se hagan en junio, una decisión que se rumoreaba desde pocas horas antes y que había desatado reacciones de la oposición, a pesar de la falta de confirmación oficial.
Durante un acto público, la presidenta dijo que el lunes próximo enviará al Parlamento una reforma de la ley electoral para que los comicios legislativos se hagan el 28 de junio próximo en vez del mismo día de octubre, como está previsto.
Dirigentes de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, segunda y tercera fuerzas parlamentaria, anticiparon su rechazo en duros términos.
Pero el cambio fue apoyado por antiguos aliados de Fernández y disidentes del gobernante Partido Justicialista (peronista) que se han pasado a la oposición y anudan alianzas electorales.
La ley establece que las listas de candidatos deben presentarse a más tardar tres meses antes de los comicios y que las campañas proselitistas empiezan dos meses antes del día de la votación.
Por tanto, el cambio de la fecha para renovar a la mitad de los 257 escaños de diputados y un tercio de los 72 del Senado debería estar aprobado antes del 28 de marzo, ya que en caso contrario no alcanzarían los plazos para cumplir los requisitos legales.
Este año también está prevista la renovación de legislaturas provinciales y municipales dentro de un cronograma que empezó el domingo último, cuando el peronista Frente para la Victoria de Fernández fue derrotado por el socialdemócrata Frente Cívico en las elecciones de la provincia de Catamarca.
"No podemos estar en (clima de) elecciones hasta octubre, en una discusión permanente cuando el mundo se cae a pedazos y los pedazos nos caen encima: sería suicida", remarcó la mandataria.
El líder de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que el Gobierno de Fernández ha demostrado "debilidad" y "debilita a las instituciones" en lo que constituye una "pésima señal" en un momento de crisis internacional.
En tanto, dirigentes de la Coalición Cívica expresaron su rechazo por considerar que el Gobierno se propone "cambiar las reglas de juego" electoral "sin consultar" con la oposición.
Fernández demostró "falta de voluntad para establecer un diálogo político", afirmó Margarita Stolbitzer, una de las dirigentes de la UCR que pasaron a la Coalición Cívica, que además reúne a peronistas disidentes, conservadores y socialistas.
Aunque advirtieron que harán "todo lo posible" para impedir que se adelanten los comicios, los líderes opositores se declararon "preparados" para ir a la votación en junio próximo.
"No me molesta que se adelanten las elecciones", aseguró en cambio el diputado Fernando De Narváez, quien forma parte de una alianza de peronistas disidentes con Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y líder de la conservadora Propuesta Republicana.
Al igual que algunos opositores, De Narváez opinó que Fernández quiere adelantar los comicios "quizá porque cree que en octubre la derrota sería peor".
La derrota en Catamarca, minimizadas por el Gobierno, fue magnificada por la oposición, a pesar de que el padrón electoral de esa empobrecida provincia del norte argentino equivale al 1 por ciento del total del país y el Frente Cívico lleva 18 años en el poder.
Las encuestas mostraron en febrero que la imagen negativa de Fernández aumentó en dos puntos, hasta el 41 por ciento, mientras que su popularidad se mantiene en el 29 por ciento desde hace tres meses frente al 56 por ciento que tenía en enero de 2008, en su primer mes de gestión.
Las organizaciones agropecuarias acaban de conmemorar un año de conflicto con el Gobierno a causa de la presión del fisco sobre la exportación de granos, mientras que la economía muestra signos de retracción por la crisis global, después de seis años consecutivos de crecimiento a una tasa cercana al 9 por ciento anual en promedio.
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