La Paz.- Los importadores de vehículos afectados por el decreto del Gobierno boliviano que prohíbe la entrada al país desde Chile de autos de más de cinco años de antigüedad demandaron al ministro de Finanzas, Luis Arce, por "no respetar la ley", informaron hoy los medios.
Fotografía de septiembre de 2008 en la que se ve al ministro de Finanzas de Bolivia, Luis Alberto Arce, quien fue demandado por los importadores de vehículos afectados por el decreto del Gobierno boliviano que prohíbe la entrada al país desde Chile de autos de más de cinco años de antigüedad. EFE/Archivo
Los importadores presentaron ayer una demanda penal ante la Fiscalía de La Paz con la que esperan lograr que el Gobierno de Evo Morales permita el ingreso al país del último lote de vehículos afectados por la prohibición y que están parados en la frontera con Chile desde que entró en vigor la medida, el pasado 4 de diciembre.
El dirigente de los importadores Simón Angulo justificó en declaraciones al canal de televisión ATB la presentación de esta demanda, porque "el Gobierno no quiere obedecer lo que manda la Justicia", al referirse a un fallo de la Corte de Distrito de La Paz que permite el ingreso de esos vehículos.
"Lo que hacen es interpretar las leyes. Es importante que el Gobierno no mienta al pueblo", afirmó Angulo, al recordar que su colectivo está movilizado desde hace tres meses para pedir diálogo al Ejecutivo.
"No podemos aguantar más. Estamos obligados a recurrir a otras instancias como el proceso penal y ahora será la Justicia quien decida" si esos vehículos pueden entrar o no, explicó el dirigente.
El Gobierno justificó el veto a la entrada de vehículos de más de cinco años impulsados por gasóleo y gas licuado de petróleo (GLP) porque generan "una mayor demanda de combustibles, riesgo para la salud y seguridad de la población por efecto de la emisión de gases que afectan a la capa de ozono".
Además, el Gobierno señaló que por el incremento de la importación de vehículos se ha visto obligado a subir la partida presupuestaria destinada a subvencionar los combustibles hasta una suma que alcanza los 400 millones de dólares anuales.
Pese a la presentación de esta demanda, los importadores de autos usados aseguraron que no frenarán sus medidas de protesta.
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