Los grandes bancos están ayudando a sostener a los regímenes corruptos al facilitar las transacciones "sucias" de dictadores y élites que trafican con las ganancias del saqueo de recursos naturales en África y Asia Central. Ésa es la principal conclusión de un exhaustivo informe publicado el miércoles por la ONG Global Witness, en el que se señala por este tipo de prácticas a muchas entidades financieras europeas, entre ellas el Banco de Santander y sus conexiones con la familia del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
"La misma laxitud regulatoria que ha provocado la crisis actual del crédito es la que permite a los bancos hacer negocios con líderes corruptos", señala desde Londres Anthea Lawson de Global Witness. "El sistema bancario internacional está lleno de agujeros que permiten a esas minorías perpetuar la pobreza en sus respectivos países. Los fallos de las regulaciones a nivel nacional también son un factor clave".
Banco Santander y HSBC aparecen mencionados en el documento por su falta de cooperación con un subcomité del Senado de Estados Unidos que investigaba en el año 2004 al presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang y su familia por lavado de dinero procedente de las arcas estatales del país africano, rico en petróleo.
"Banco Santander se amparó en las leyes nacionales que le permiten guardar secreto sobre sus clientes para no contribuir a la investigación", dice Lawson. "El asunto llega hasta el extremo de que el banco español argumentó que ni siquiera podía desvelar la información sobre la titularidad de las cuentas investigadas a sus propias filiales en Estados Unidos. Esto es una incoherencia enorme del sistema, porque ¿cómo pueden los bancos cumplir con sus obligaciones regulatorias si no indagan quiénes son los titulares de las cuentas? Esas regulaciones son un obstáculo enorme a la hora de combatir las malas prácticas como el lavado de dinero o el tráfico ilegal".
"La misma laxitud regulatoria que ha provocado la crisis actual del crédito es la que permite a los bancos hacer negocios con líderes corruptos", señala Anthea Lawson de Global Witness.
El Banco Santander negó entonces que hubiese incurrido en ninguna falta y argumentó que se había ajustado a la normativa española en lo relativo al lavado de dinero, un argumento que la entidad financiera sigue suscribiendo hoy, según fuentes del banco consultadas por soitu.es.
Hasta noviembre de 2007, Barclays mantuvo abierta una cuenta a nombre de Obiang en una sucursal parisina, afirma el estudio. El documento indica también que Credit Lyonnais presuntamente ayudó al presidente de Gabón, Omar Bongo, a sacar fondos al extranjero; Société Générale hizo lo propio —según el documento— para la familia que gobierna Congo-Brazzaville. A Fortis Bank se le acusa de haber facilitado las actividades del ex líder de Liberia y señor de la guerra Charles Taylor, que ahora está a la espera de juicio en el Tribunal de La Haya por crímenes de guerra. Decenas de bancos internacionales, desde BNP Paribas hasta Commerzbank o el Royal Bank of Scotland aparecen mencionados en el informe por haber proporcionado préstamos a la empresa estatal de petróleo de Angola, Sonangol, sobre la que pesan acusaciones de corrupción y tráfico de armas. A Deutsche Bank se le imputa en el informe que ayudó al fallecido dictador de Turkmenistan, Saparmurat Niyazov, a retener los beneficios del gas natural de su país bajo su control personal.
Publicado apenas dos semanas antes de la celebración de la cumbre del G20 en Londres y en un clima de hostilidad propiciado por el secretismo de los bancos, el informe "Undue Diligence", sugiere que las entidades financieras deberían cambiar su cultura en lo relativo al "deber de investigar" (due diligence), el procedimiento por el que comprueban si un cliente es legítimo. "Los propios bancos deberían reformar estas prácticas y buscar activamente clientes que no plantean el riesgo de ser corruptos", subraya Lawson.
La organización reclama también una mayor cooperación entre gobiernos para cerrar "los agujeros" del sistema internacional, aumentar la transparencia de las transacciones bancarias y homologar las regulaciones nacionales a nivel global; y acabar con el secretismo de los "paraísos fiscales".
"La próxima reunión del G20 a principios de abril ofrece una oportunidad única para dar muestras de que existe voluntad política para que las autoridades apliquen las regulaciones necesarias. Desde Obama a Gordon Brown, Angela Merkel o el propio Nicolás Sarkozy, todos han dado indicios de querer hacer frente a los paraísos fiscales", señala Lawson. "Los líderes del G20 se han comprometido a convertir la pobreza en Historia y un factor clave para lograrlo es evitar que el dinero de muchos países sea robado por la minoría en el poder".
Global Witness apunta a que las reformas deberían comenzar por cambios a la FATF (Financial Action Task Force), la entidad intergubernamental encargada de supervisar las regulaciones del blanqueo de dinero. La organización, que tiene sede en París, cuenta con 34 miembros, 15 de ellos los países más ricos de la UE, además de la Comisión Europea. De la decena de Estados europeos miembros de la FATF que Global Witness investigó para elaborar su informe, ninguno cumplía con todas las recomendaciones del organismo en lo referente a considerar el lavado de dinero como práctica ilegal o a forzar a los bancos a mejorar sus investigaciones de clientes sospechosos.
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