"La orden de arresto de Bachir es un triunfo para las víctimas de Darfur", según HRW

Nueva York.-  La orden de arresto internacional dictada hoy contra el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bachir, es una victoria para las víctimas de Darfur y una muestra de que los gobernantes también son responsables si en su mandato se cometen violaciones o torturas, afirmó Human Rights Watch (HRW).

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(EFE)

La CPI ordenó hoy la detención del presidente de Sudán por cinco crímenes de guerra y dos de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur. EFE/Archivo

"Con esa orden de detención, la Corte Penal Internacional (CPI) ha hecho de Omar al Bachir un hombre buscado" por la justicia, dijo hoy el director del programa de Justicia Internacional de la organización de defensa de los derechos humanos, Richard Dicker.

La CPI ordenó hoy la detención del presidente de Sudán por cinco crímenes de guerra y dos de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, pero desestimó el cargo de genocidio también formulado por el fiscal Luis Moreno Ocampo.

"Ni siquiera los presidentes tienen garantizado su pase libre ante delitos horribles", subrayó Dicker.

Tras señalar que "probar las acusaciones de genocidio es extremadamente difícil", el representante de HRW explicó que, bajo el estatuto de la CPI, el fiscal puede pedir una enmienda a esa orden de detención si obtiene pruebas adicionales que respalden la acusación.

En Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, dijo que su país no entregará a Bachir.

Al respecto, Dicker subrayó a que "el Gobierno de Sudán está obligado a mantener la seguridad en el país y el Consejo de Seguridad de la ONU debería actuar de manera decisiva para hacer que (Jartum) lo cumpla", ya que esa orden de detención no cambia los compromisos y obligaciones de Sudán como estado.

El conflicto de Darfur se inició cuando grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región noroccidental sudanesa.

Desde el inicio del conflicto, cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.

El responsable de HRW se mostró favorable a que el Consejo de Seguridad de la ONU y otros gobiernos "impongan sanciones" a los representantes gubernamentales sudaneses "responsables de represalias violentas, además de considerar otras medidas como restricciones bancarias o la ampliación del embargo de armas".

Además de esa orden de detención contra el presidente de Sudán, la CPI ha emitido otras dos contra el ministro de Asuntos Humanitarios de ese país, Ahmed Haroun, y contra el líder de la milicia proárabe "janjauid", Ali Kosheib.

La fiscalía de ese alto tribunal también ha dictado órdenes similares contra tres líderes rebeldes de ese país involucrados en un ataque contra las fuerzas internacionales de paz allí presentes que ocurrió en octubre de 2007 en Haskanita, pero el tribunal todavía tiene que pronunciarse al respecto.

La CPI es la primera corte internacional permanente para juzgar crímenes de guerra, entre ellos genocidio y lesa humanidad cometidos a partir de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma que es la base del funcionamiento de este alto tribunal.