San Salvador.- La Unión Europea (UE) desplegó hoy en El Salvador a 22 observadores que forman parte de su misión, que estará conformada por unas 78 personas, destinada para las elecciones presidenciales del 15 de marzo próximo.
El acto de desplazamiento de los observadores estuvo marcado por un llamado a las autoridades salvadoreñas para que se defina en el futuro una legislación que regule las campañas y la procedencia de los fondos de los partidos políticos con el fin de garantizar transparencia. EFE/Archivo
El acto de desplazamiento de los observadores estuvo marcado por un llamado a las autoridades salvadoreñas para que se defina en el futuro una legislación que regule las campañas y la procedencia de los fondos de los partidos políticos con el fin de garantizar transparencia.
El jefe adjunto de la misión, Antonio de Gabriel, explicó a la prensa que los 22 observadores que se han desplazado hoy a todo el territorio salvadoreño son sus "ojos y oídos en los departamentos", en referencia a su presencia a nivel nacional.
Informó de que en la actualidad se encuentran en el país un total de 34 observadores de la UE, a los que se sumarán diez días antes de la fecha de los comicios otros 44 del mismo organismo, así como el jefe de misión, Luis Yáñez-Barnuevo.
De Gabriel, de nacionalidad española, dijo que también el Parlamento Europeo enviará una misión de observadores para los próximos comicios, conformada por unas 15 personas.
La UE participó con medio centenar de observadores en las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero pasado, con lo cual inauguró su presencia en unos comicios salvadoreños.
De Gabriel dijo que tras evaluar los procesos electorales salvadoreños "la primera lectura" que da es la existencia "de enormes vacíos en la legislación electoral salvadoreña".
Agregó que la UE presentará un listado detallado de sus observaciones tras los comicios del 15 de marzo "en aquellos ámbitos que requieren urgentemente una regulación clara, básicamente en la legislación sobre partidos políticos y su financiación".
Consideró que deberían regularse "los tiempos de campaña, limitación del espacio de campaña, porque si no eso supone un enorme gasto para los partidos, crea condiciones de desigualdad, indudablemente, y aparte genera una cierta fatiga electoral la excesiva prolongación de las campañas".
Indicó que es importante que exista una clara legislación sobre la financiación de los partidos políticos, en la cual "por lo menos se establezca la obligatoriedad de declarar de donde proceden los fondos, quiénes son los donantes y en qué cuantía aportan los fondos y que se haga un control de como se gastan y que ello sea auditado por un órgano independiente".
De Gabriel declinó opinar sobre la retirada de la contienda del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos de derecha, con la cancelación de sus candidatos presidenciales ante el Tribunal Supremo Electoral.
Las próximas elecciones se perfilan como las más reñidas en la historia reciente del país, ya que por primera vez en la contienda participan solo la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).
El candidato presidencial del FMLN, Mauricio Funes, se mantiene en la delantera en las intenciones de voto, según distintas encuestas, pero con una brecha menor que la que mantenía hasta diciembre pasado sobre el aspirante de Arena, Rodrigo Ávila.
Según ha informado el TSE, con la participación de sólo dos partidos la victoria se definirá el mismo día de los comicios, con la mitad más uno de los votos válidos.
Tanto Arena como el FMLN han recurrido a los líderes locales para afianzar el apoyo de sus seguidores y convencer a los indecisos, y ambas formaciones esperan que a las urnas concurra al menos un 70 por ciento del electorado, conformado por 4.226.479 ciudadanos.
Asimismo, han intensificado sus campañas con numerosos mensajes que desprestigian al adversario, lo cual, a juicio de la UE, es "lamentable".
De Gabriel afirmó que las "campañas negras o denigratorias" las permite "más que la legislación la propia cultura política de un país".
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