Se incorpora el contenido social a los pliegos de los contratos públicos de Navarra

Pamplona.-  El pleno del Parlamento Foral ha aprobado hoy por unanimidad una proposición de ley que modifica la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra para incorporar el contenido social a los pliegos de condiciones.

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(EFE)

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz (d) junto con el portavoz del grupo parlamentario de UPN, Carlos García Adanero (c) y el parlamentario Jesús María Pajares (i), en un momento del pleno del Parlamento celebrado en 2007. EFE/Archivo

La iniciativa, presentada en su día por NaBai, ha sido modificada a su paso por comisión hasta adecuar la legislación foral a la normativa europea, ha precisado el parlamentario de UPN, Jesús Pajares, al dar el apoyo de su grupo a la misma.

El objetivo es tener en cuenta aspectos sociales como la inclusión laboral de los discapacitados, la atención a los desfavorecidos por el mercado laboral, la igualdad de género o la accesibilidad.

"Una modificación importante", ha afirmado el parlamentario de NaBai Ioseba Ezeolaza, para quien es preciso que las administraciones tengan "corresponsabilidad y militancia social" y más en un tiempo de crisis que afecta al empleo, ya que, según ha señalado, la contratación pública representa el 16% del PIB navarro.

Una idea que ha sido respaldada por el portavoz socialista Juan José Lizarbe al indicar que el precio queda "relegado" a los casos en los que sea el "único elemento determinante" para "facilitar la llegada al mercado de trabajo de quienes tienen dificultades añadidas".

En todo caso Juan Cruz Alli, de CDN, ha subrayado que ahora "queda que las administraciones y el sector público hagan un buen uso para evitar la arbitrariedad".

Igualmente ha apoyado la iniciativa Ion Erro, de IU, aunque ha matizado que para su grupo avanza hacia "una compra pública sostenible con la incorporación de aspectos sociales pero le falta aún (a la ley) una compra verde y una compra ética", para lo que se deberían incorporar criterios medioambientales y garantías de un trabajo ético en todos los eslabones de la cadena.

La Proposición de Ley desempeña también una función en la resolución de empates entre posibles adjudicatarios, toda vez que determina para ello criterios como el número de discapacitados beneficiados, la menor eventualidad en la contratación o las buenas prácticas de género y lo hace con una ponderación de su valor ya determinada.

Con este cambio normativo, a partir de su entrada en vigor, los criterios en los que se basarán las adjudicaciones públicas, cuando el precio no sea el factor exclusivo, atenderán a criterios vinculados a la calidad, los mecanismos de control, los plazos de ejecución y entrega, la atención posterior, la rentabilidad, la asistencia técnica y los aspectos sociales.

Para ello los pliegos de condiciones deberán tener en cuenta la satisfacción de las necesidades de las categorías de población especialmente desfavorecidas que figuren como usuarias o beneficiarias de las prestaciones a contratar.

Y con esta finalidad se incorporarán criterios como los citados de discapacidad, precarización laboral, igualdad de género o el cumplimiento de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Una vez que entre en vigor esta modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra habrá seis meses para desarrollar el reglamento oportuno y concretar "la mejor y más objetiva forma de valorar las cláusulas sociales".