Washington.- Un tribunal federal de apelaciones escuchó hoy los argumentos orales en la demanda colectiva contra dos empresas estadounidenses, presentada por más de 250 iraquíes que alegan que fueron torturados en la prisión de Abu Ghraib.
La ley, conocida por su sigla en inglés ATCA, permite que ciudadanos extranjeros inicien demandas en tribunales de Estados Unidos por violaciones de la ley internacional ocurridas en otros países. EFE/Archivo
Los tres magistrados del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia tenían ante sí las querellas iniciadas en 2004 contra las firmas Titan Corporation y CACI International, así como contra un hombre que hizo las interrogaciones y dos traductores que, según los demandantes, estuvieron involucrados en las torturas.
Consultada por Efe, la Corte dijo que aún no se ha publicado ninguna decisión sobre el caso.
El mismo pone a prueba, una vez más, los alcances de la Ley de Reclamos Extranjeros, que forma parte del Acta Judicial de 1789, y que tuvo hace un cuarto de siglo una decisión que sentó precedentes en un caso por torturas en Paraguay.
La ley, conocida por su sigla en inglés ATCA, permite que ciudadanos extranjeros inicien demandas en tribunales de Estados Unidos por violaciones de la ley internacional ocurridas en otros países.
El caso de marras lleva el nombre de Saleh vs. EE.UU., por Haidar Saleh, un ciudadano sueco que residía en Michigan cuando se inició la demanda.
Saleh se opuso al régimen de Saddam Hussein y fue torturado en su país en la prisión de Abu Ghraib. Luego huyó de Irak a Suecia, donde adoptó la ciudadanía, y tras la caída del régimen de Hussein en 2003 retornó a su país. En septiembre de ese año fue detenido y enviado nuevamente a Abu Ghraib donde, según la querella, fue torturado.
Saleh se ha retirado del caso, pero la querella sostiene que él y decenas de otros prisioneros en Abu Ghraib fueron despojados de sus ropas, golpeados, humillados, violados y forzados a presenciar la tortura de miembros de su familia.
Asimismo, según la demanda, los prisioneros permanecieron aislados por períodos prolongados y se les prohibió que oraran y cumplieran con sus otras obligaciones religiosas.
Los demandantes buscan compensaciones e indemnizaciones punitivas.
En Abu Ghraib, además de los interrogadores militares y los de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), operaron contratistas privados que, según los informes de grupos de derechos humanos, estuvieron involucrados en los interrogatorios abusivos.
A fines de 2007 el Tribunal Federal en el Distrito de Columbia desechó las demandas, y los abogados que representan a los querellantes iniciaron el proceso de apelación.
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