Oviedo.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han descartado por unanimidad convocar una huelga para el próximo 18 de febrero y han asumido y apoyado la tabla de reivindicaciones que este mes han hecho públicas cuatro asociaciones de jueces, entre las que se incluye la posibilidad de convocar un paro en el mes de junio.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han descartado por unanimidad convocar una huelga para el próximo 18 de febrero y han asumido y apoyado la tabla de reivindicaciones que este mes han hecho públicas cuatro asociaciones de jueces, entre las que se incluye la posibilidad de convocar un paro en el mes de junio. En la imagen, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una imagen de este mes.
Diecinueve de los veinticinco magistrados del TSJA se han reunido hoy en la sede del tribunal durante media hora para apoyar la tabla de reivindicaciones elaborada por la Comisión Inter-asociativa permanente (CIP) el pasado 12 de enero de 2009, así como respaldar las medidas concretas previstas para el próximo día 18 de febrero, descartando por tanto la jornada de huelga para ese día".
Este respaldo se suma al que una hora antes habían dado por mayoría los magistrados de la Audiencia Provincial a este manifiesto.
En la CIP están integradas las asociaciones judiciales "Asociación Profesional de la Magistratura" (APM), "Asociación Judicial Francisco de Vitoria" (AJFV), "Jueces para la Democracia (JpD) y "Foro Judicial Independiente (FJI)".
En el documento reivindicativo que han consensuado para "dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos", incluyen la posibilidad de adoptar medidas de presión, como una huelga el 26 de junio si no obtienen respuestas satisfactorias a sus demandas.
Entre sus reivindicaciones plantean la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, formación adecuada para todo el personal, delimitar la carga de trabajo a cada órgano judicial, aumentar el número de jueces, asegurar la conciliación de la vida laboral y judicial y adecuar sus retribuciones.
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