Santiago de Chile.- El Estado chileno ha recibido desde 2001 un total de 557 millones de dólares de las empresas de distribuidoras de aguas (sanitarias) que operan en el país, cuyo proceso de privatización comenzó hace diez años.
La disminución de capital de Aguas Andinas en 2003 aportó 88 millones de dólares, y a ellos se suman otros 26 millones de dólares de los dividendos provisionales pagados este año por la empresa.
Según informa hoy el diario El Mercurio, entre 2001 y 2007 se registraron beneficios por 443 millones de dólares, con la cotización actual, de acuerdo a los datos del Sistema de Empresas Públicas (SEP).
La disminución de capital de Aguas Andinas en 2003 aportó 88 millones de dólares, y a ellos se suman otros 26 millones de dólares de los dividendos provisionales pagados este año por Aguas Andinas, Essbio y la Empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso (Esval).
Durante el gobierno del demócrata-cristiano Eduardo Frei (1994-2000), Esval fue la primera que, en 1998, licitó la venta del 35 por ciento de sus derechos, que fueron adjudicados al consorcio Enersis-Anglian Water.
Tras ella las privatizaciones afectaron a las distribuidoras de las regiones Metropolitana de Santiago (Emos, transformada en Aguas Andinas y controlada por la española Aguas Barcelona, Agbar), del Biobío (Essbio) y de Los Lagos (Essal).
El Estado mantiene en el accionariado de estas compañías una participación elevada, pero no controladora, a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la agencia de desarrollo económico de Chile.
En 2006, el SEP calculó que las rentas percibidas por el Estado en 2004 como accionista minoritario fueron un 20 por ciento inferiores a las que obtuvo cuando era dueño del 100 por ciento de esas firmas.
En tanto, las inversiones realizadas en este sector desde 1999 hasta la actualidad alcanzan 3.014 millones de dólares, según las cifras de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess).
De esta cantidad, 1.438 millones de dólares corresponden a tratamientos de aguas servidas (residuales) y 1.349 millones a obras para agua potable y alcantarillado, mientras que 227 millones se destinaron a otras inversiones.
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