Bogotá.- Las autoridades colombianas gestionan con las de Panamá la deportación o extradición del empresario David Murcia Guzmán, cabeza de la sociedad DMG, que captaba millonarias sumas y fue intervenida el pasado lunes en Bogotá, anunció hoy el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán.
El fiscal dijo en una conferencia de prensa que se busca conseguir la entrega del colombiano Murcia Guzmán, cuya captura fue ordenada hoy mismo por su despacho, junto a la de otras seis personas, por los presuntos delitos de concierto para delinquir y lavado de activos y uno de ellos por cohecho.
Iguarán señaló que los recursos con los que comenzó el negocio de Murcia Guzmán no justifican la inmensa fortuna que amasó y acusó a la cúpula de DMG de blanqueo de activos, incremento patrimonial injustificado e irregularidades contables.
"Hemos realizado una sólida estructura del caso para defender ante los jueces nuestras afirmaciones. Vamos a demostrar que el origen y manejo de algunos recursos era injustificado, era ilegal", manifestó Iguarán.
"Lo hicieron con recursos de origen ilícito y han procurado aparentar con legalidad el origen de esos recursos", subrayó.
DMG, una comercializadora que captó miles de clientes con la venta de tarjetas prepago para comprar productos y servicios electrodomésticos, fue ocupada luego de que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe decretara el lunes el estado de emergencia social.
Esta situación se declaró para controlar la quiebra de las "pirámides" financieras que recibían dinero ofreciendo devolver el triple a cambio de conseguir más clientes.
El fiscal indicó que las órdenes de captura se basaron en pruebas de que DMG tenía una doble contabilidad y falta de claridad en el origen de los recursos y confirmó que dos de los acusados fueron arrestados en Bogotá.
"Seguimos trabajando con las distintas autoridades, incluso autoridades judiciales y de policía del más alto novel de Panamá para hacer efectivas las capturas de las otras personas", expresó el funcionario
Añadió que se busca garantizar "la comparecencia de estas personas ante la justicia colombiana, bien sea a través de mecanismos como la deportación o la extradición".
El fiscal Iguarán afirmó que se hizo "una investigación paciente pero eficiente" y en ella se estableció que los responsables de DMG "realizaron acciones y operaciones encaminadas para dar apariencia de legalidad y ocultar el origen de unos activos y de unos beneficios.
Agregó que esa investigación surgió hace 14 meses cuando se decomisaron más de 3 millones de dólares en la región del Putumayo, la que tiene mayores cultivos de coca en Colombia.
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