Mérida.- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha destacado hoy que la inhibición de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo supone la ruptura de la unidad del proceso judicial iniciado, "que se diluirá ahora en un cúmulo de causas, de futuro incierto".
En un comunicado remitido a Efe, la ARMHEX resalta que Garzón, en su auto, ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales", ya que no prescriben.
ARMHEX destaca que es evidente que la aceptación el pasado mes octubre, por parte del juez de la Audiencia Nacional, de la competencia para la investigación de los desaparecidos durante el franquismo, "representó y supuso una cierta esperanza para miles de familias".
A su juicio, esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se acometiera la elaboración de un censo de desaparecidos y víctimas.
Además, para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión, con los que hasta ahora no se había podido contar en su integridad.
Por ello, para ARMHEX, trasladar ahora las actuaciones a los diferentes juzgados territoriales, "no augura nada bueno" y ofrecer el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia a todos los juzgados implicados "supone prácticamente dejar el proyecto y el comité en una vía muerta".
En ese sentido, insiste en que "la imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en sede judicial, en la Audiencia Nacional, una oficina o censo nacional de desaparecidos, rompe el camino" abierto por Garzón.
La ARMHEX destaca, no obstante, que, pese a todo ello "nada pasa en vano: ni el auto, ni las demandas de las asociaciones, ni el trabajo de historiadores y demás proyectos" y añade que "la lucha por la memoria seguirá, aunque por el momento haya encallado el intento de constituir, con un criterio unificado y con un proceso coordinado, por fin, una verdad judicial a la altura de la verdad histórica".
Indica, por tanto, que las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente, con la Ley 52/2007, o con la anterior, como aquella que hizo posible las primeras exhumaciones de cientos de fosas por toda España durante los primeros años de ayuntamientos democráticos o las más recientes que se llevan a cabo en Extremadura, en virtud del proyecto autonómico de Recuperación de la Memoria Histórica.
Por todo ello, la ARMHEX lanza un mensaje de tranquilidad a los familiares de las víctimas extremeñas, en el sentido de que "seguiremos potenciando al máximo que se atiendan las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños que aún ignoran el paradero exacto de sus familiares, muchos aún en fosas comunes".
De igual forma, se seguirá reclamando un aumento de las medidas e instrumentos para que la administración pública, en especial la Junta de Extremadura, facilite a los interesados las tareas de localización, y de identificación de los desaparecidos.
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