El sacerdote español José Antonio Rubio aguarda la libertad tras ser absuelto en Paraguay

Asunción.-  El sacerdote español José Antonio Rubio, condenado a cinco años y seis meses por estafa y que fue absuelto hoy en un segundo proceso por similar delito y por lesión de confianza, aguarda a que el Supremo paraguayo se pronuncie sobre su eventual libertad provisional.

"Esperamos que se vayan arreglando las cosas y que podamos seguir trabajando, porque creo que es lo único importante en estos momentos", dijo Rubio luego ser absuelto hoy por un tribunal que lo procesó desde septiembre pasado por los delitos de estafa y lesión de confianza en la ejecución en 2004 de un programa social financiado por la Unión Europea (UE).

El sacerdote ya cumplió tres años y medio de una condena de cinco años y seis meses de prisión domiciliar dictada en otro proceso por el desvío, también en 2004, de 14.000 millones de guaraníes (2,3 millones de dólares al cambio de esa época) de un fondo de 3,2 millones de dólares financiado por la UE para la construcción de 50 pozos de agua potable en localidades rurales.

El abogado de Rubio, Jorge Bogarín, explicó que ya han tramitado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un "recurso extraordinario de casación" por el cual solicitan la libertad provisional del religioso.

Rubio y otros cinco procesados fueron absueltos este viernes con los votos a favor de los jueces Víctor Medina y Blanca Gorostiaga, y el fallo en disidencia de la magistrada Elsa García, por considerar que la Fiscalía no demostró las acusaciones de haber sobrefacturado la ejecución de un programa para dotar de agua potable y saneamiento básico a comunidades pobres.

"Se ha hecho justicia, siempre confié en la justicia paraguaya", expresó entre sollozos el sacerdote.

"Agradezco a todos los que me acompañaron y que estuvieron a mi lado en estos años", agregó.

La fiscal de la causa, Victoria Acuña, solicitó cinco años de cárcel para el sacerdote y su asistente en el proyecto, Sócrates Garcete, cuatro para el ingeniero Jorge Marín, ejecutor de las obras, y de dos a seis años para las arquitectas Eliza Vera, Mirna Ayala y Rocio Mendoza, éstos últimos como presuntos cómplices.

Por su parte, Cecilia Pérez, una de las abogadas de la UE, sostuvo que existe una sobrefacturación de unos 137.000 dólares en la construcción de nueve pozos artesianos.

"La Comunidad Europea aportó los montos pero los gastos fueron menos, y dónde fue a parar el dinero que sobró, esa diferencia que para nosotros es un perjuicio patrimonial", aseveró Pérez.

No obstante, el tribunal argumentó hoy que no existen pruebas suficientes para determinar la existencia de los delitos de estafa y de lesión de confianza, al momento de reconocer de que sí existieron fallas administrativas que no pueden ser consideradas como delitos.

Una cámara de apelación ratificó el 6 de mayo pasado la condena de cinco años y seis meses de prisión dictada en agosto del 2007 contra Rubio, de 63 años y muy conocido en Paraguay, en donde reside desde hace 25 años, por sus proyectos de viviendas sociales.