Vigo.- Más de dos mil trabajadores del metal salieron esta mañana a las calles de Vigo, en lo que forma parte de un paro de 24 horas, para expresar su apoyo a cuatro compañeros a los se imputan disturbios y altercados en la última huelga del sector.
Más de dos mil trabajadores del metal salieron esta mañana a las calles de Vigo , en lo que forma parte de un paro de 24 horas para expresar su apoyo a cuatro compañeros a los se imputan disturbios y altercados en la última huelga del sector.
El juicio contra los cuatro obreros estaba previsto que se celebrase hoy en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, aunque ha quedado aplazado para el próximo 5 de febrero, después de que uno de los acusados no se sintiese representado por su abogado, por lo que buscará otro.
Los trabajadores comenzaron a concentrarse sobre las 7 de la mañana en sus centros de trabajo, principalmente astilleros y auxiliares de la automoción, y luego se congregaron en la Plaza del Rei de Vigo.
Desde allí recorrieron varias calles de la ciudad mientras iban cortando el tráfico y lanzando petardos, y concluyeron en los juzgados de Vigo, donde gritaron "Libertad libertad" o "No son cuatro, somos todos".
Cuando llegaron a dependencias judiciales, se produjo un momento de tensión, ya que un grupo intentó cortar el cordón policial pero, finalmente, no se registraron incidentes.
Pero este no fue el único momento de tensión, ya que, cuando los cientos de trabajadores abandonaron las dependencias judiciales y se dirigieron de vuelta a la Plaza del Rei -en donde se celebró una asamblea informativa- tres trabajadores agredieron a un viandante que bajaba por la Gran Vía.
Dicho viandante, con claros síntomas de embriaguez, comenzó a increpar a los manifestantes que discurrían por Gran Vía y tres trabajadores le agredieron físicamente. En el transcurso de este ataque rompieron de manera accidental la ventanilla de un vehículo.
Tras quedar aplazado el juicio para febrero, uno de los imputados, Emilio Docampo, señaló que el día que lo detuvieron en la pasada huelga del metal de 2007, cuando iba a recoger su vehículo después de una movilización, la policía dio una "paliza" a uno de sus compañeros.
"Este es un juicio basado en la mentira", subrayó este trabajador del metal, quien agregó que "nos cogieron a nosotros como podían haber cogido a otros, a quien le toca le toca", argumentó.
Según Docampo, el juicio no es más que "un intento de represión" ante el derecho a la manifestarse y agradeció a los cientos de compañeros que les respaldaron hoy dejando su puesto de trabajo y concentrándose en las puertas de los juzgados.
Docampo explicó que ayer abogados defensores y la fiscal intentaron llegar a un acuerdo para que no se celebrara el juicio, pero que como el requisito era reconocerse culpable de los hechos que se le imputen, dijo que el proceso judicial seguirá adelante.
"Yo no tengo que asumir una culpabilidad que no tengo", aseguró y explicó que el acuerdo pasaba por una pena de cárcel de 6 meses, con lo que si no tienen antecedentes no ingresarían en prisión, aparte de una multa económica.
Por su parte, otro de los compañeros acusados de vandalismo y altercado público, Daniel Cascallar, explicó que renunció a su defensa porque no se sentía bien representando y porque, subrayó, sólo mantuvo dos encuentros desde que lo detuvieron el pasado año.
Castallar señaló que ante la "indefensión" prefiere acudir el 5 de febrero con otro abogado, sobre todo, teniendo en cuenta que "me acusan de cargos que no he cometido".
Según este trabajador, lo detuvieron porque en un momento determinado le dijo a un policía que estaba haciendo fotos durante el asalto de los manifestantes a la delegación provincial de Hacienda que las hiciera "guapas".
"No le debió hacer gracia", comentó, pero "yo soy inocente", expresó.
Acompañando a los compañeros imputados también estuvieron el secretario nacional de CIG, Suso Seixo, quien indicó que pese a que el Estado pretende amedrentar a los trabajadores para que no hagan movilizaciones "vamos a seguir reivindicando".
También se solidarizó con los imputados el responsable del metal de CIG Vigo, Antolín Alcántara, quien explicó que si, finalmente, les imponen multas serán pagadas por el sindicato, independientemente de si están o no afiliados a él. CIG también corre con los costes de los abogados defensores.
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