La Fiscalía reprueba a 3 magistrados por "imparcialidad objetiva" en un caso de prevaricación

Castellón.-  La Fiscalía de Castellón ha reprobado a tres magistrados de la Audiencia provincial, entre ellos el actual presidente, Carlos Domínguez, por un problema de "imparcialidad objetiva" en un caso de prevaricación urbanística en Oropesa del Mar en el que estaban imputados el anterior alcalde, Francisco Garrido, el arquitecto municipal y varios concejales.

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(EFE)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps (c), conversa con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa (i), y la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, durante la reunión que mantuvieron hoy.

Así lo ha explicado hoy ante los medios el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Carceller, en una comparecencia en la que ha aclarado que su decisión de recusar a los magistrados de la sección primera, fue suya, respaldada por la "unanimidad de la junta de fiscales".

Carceller ha afirmado que el caso viene del auto de incoación del procedimiento abreviado del juzgado de instrucción número 4 que imputa a Garrido, varios concejales y al arquitecto municipal de Oropesa por un presunto delito de prevaricación urbanística en el Edificio Mar de Oropesa.

El arquitecto municipal recurrió este auto de octubre de 2007, y por otra parte el alcalde junto a los concejales recurrieron igualmente el mismo auto.

El 22 de abril la sección primera, con el magistrado Esteban Solaz como presidente y componiendo la sala Pedro Ruiz Garrido y Aurora de Diego, confirmó la imputación del arquitecto desestimando su demanda basándose en los informes contrarios dictados por la secretaria del ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos.

El 8 de julio de 2008, la misma sección primera estimó el recurso de apelación del ex alcalde y los concejales. En ese caso el tribunal estaba compuesto por el presidente, Carlos Domínguez, y como magistrados Esteban Solaz y Pedro Garrido.

En este auto, ha indicado el fiscal, "se resuelve lo contrario que en el primero con los mismos hechos" y además se basan las dos imputaciones "en los mismos informes", por lo que hay "una contradicción importante".

Carceller ha explicado que mientras él estaba de vacaciones, el 25 de agosto de 2008, la fiscal que lleva el asunto, más el teniente fiscal, "presentan una petición de nulidad para que los dos autos se declaren nulos y un tribunal diferente, compuesto por magistrados distintos, resuelva la cuestión".

Como consecuencia de esta petición de nulidad se dicta una providencia el 9 de septiembre en la que "al ser incongruentes los dos autos se remiten a la oficina de la secretaría de la sala para su reparto entre las secciones de la audiencia y la tramitación del expediente de nulidad".

Entonces, el fiscal jefe decide llevar el tema a la junta de fiscales del 24 de septiembre, antes de actuar, ha relatado, y "entienden que debemos proceder a la recusación de los cuatro magistrados que actuaron en las dos apelaciones", estos son "Carlos Domínguez, Esteban Solaz, Pedro Ruiz Garrido y Aurora de Diego, pero esperar a poner la recusación por cuestiones de trámite.

Tras la petición de nulidad, la sala, ha explicado Carceller, "tramita dos rollos de nulidad", en el primero de ellos se asigna un nuevo juez, y en el segundo, de 8 de octubre, la sección primera dicta una providencia en la que el tribunal lo componen: Carlos Domínguez como presidente, Esteban Solaz y Aurora de Diego como magistrados.

Vemos entonces, ha añadido el fiscal, "que la composición de este segundo tribunal no es la misma que en el primer rollo, para un incidente que es el mismo y debía haberse acumulado".

A su vez, el fiscal pedía que se designara un tribunal distinto al que juzgó los recursos, pero coinciden los nombres de Carlos Domínguez, Esteban Solaz y Aurora de Diego, que intervinieron en los recursos que y por ello se interpuso la recusación contra los tres.