BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano ha cesado y entregado a la justicia ordinaria a 25 militares, incluidos tres generales, once coroneles, tres comandantes, un capitán, un teniente y seis suboficiales, por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato de 11 jóvenes en Soacha, Cundinamarca (centro), según informaron hoy los medios de comunicación colombianos.
El Gobierno colombiano ha cesado y entregado a la justicia ordinaria a 25 militares, incluidos tres generales, once coroneles, tres comandantes, un capitán, un teniente y seis suboficiales, por su presunta responsabilidad en la desaparición y asesinato de 11 jóvenes en Soacha, Cundinamarca (centro), según informaron hoy los medios de comunicación colombianos.
La medida fue anunciada por el presidente del país, Álvaro Uribe, y por el comandante en jefe de las Fuerzas Militares colombianas, el general Freddy Padilla De León, quien manifestó que los militares destituidos pasarán a disposición de la justicia ordinaria para que respondan penalmente en caso de ser hallados culpables. Los generales cesados son Roberto Hernández, José Joaquín Franco Cortés y Paulino Coronado.
"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", declaró el presidente en una alocución televisada.
En estos casos de los desaparecidos de Soacha será la justicia ordinaria y no la justicia penal militar la que investigue a los militares, cesados por el Gobierno en cumplimiento de su facultad discrecional. Se trata la mayor purga en las filas de las Fuerzas Militares por un caso de Derechos Humanos en Colombia.
Los once jóvenes desaparecieron entre enero y agosto de este año en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar, en Bogotá. Sus cadáveres fueron localizados posteriormente en los departamentos de Santander y Norte de Santander, en el noroeste del país.
Las primeras versiones de las autoridades indicaban que los jóvenes habían sido torturados y fusilados después de intentar escapar de las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, admitió posteriormente que las informaciones oficiales indicaban que los jóvenes habían muerto en combate con el Ejército. Las posteriores autopsias determinaron que habían fallecido entre uno y cuatro días después de que se informara de sus desapariciones.
El pasado 23 de septiembre, Santos ordenó a la Fiscalía General de la Nación que iniciara una investigación con el fin de establecer "a la menor brevedad" las circunstancias de su muerte. Los familiares de los muertos han pedido justicia y que se condene a los culpables de la desaparición y posterior homicidio de los jóvenes.
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