Oviedo.- En torno al 35 por ciento de las cuarenta mil personas condenadas en toda España a penas de trabajos en beneficio de la comunidad está cumpliendo sus condenas ante la falta de plazas que deberían ofertar las distintas administraciones.
Estos datos han sido facilitados hoy por la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que ha participado en las III Jornadas sobre Delito y Sociedad organizadas por el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada con una conferencia sobre alternativas a la prisión.
Según Gallizo, el incremento de las personas condenadas a medidas alternativas producto de los últimos cambio legales permite aplicar una justicia "reparadora" dado que se trata de delitos leves de forma que el cumplimiento de las condenas a través de este sistema "no quiebra la convivencia ni causa un grave daño social".
Para la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, esta fórmula resulta especialmente adecuada para el caso de los conductores que cometan delitos relacionados con el tráfico y que rediman sus penas mediante el desarrollo de labores destinadas a la mejora de la seguridad vial.
No obstante, ha subrayado, la implantación "eficaz" de este sistema requiere de un mayor grado de cumplimiento de las penas por parte de los condenados por estos delitos y hace necesaria una mayor colaboración de todas las administraciones (central, autonómica y local) para que proven plazas para realizar estas tareas.
A su juicio, el reto que debe afrontar la administración penitenciaria es garantizar la elaboración de un catálogo "suficiente" de plazas a nivel nacional que garantice el efectivo cumplimiento de las condenas lo que hace necesario llevar a cabo un "esfuerzo" para que "todas las sentencias se cumplan".
En cuanto al grado de ocupación del sistema penitenciario español, Gallizo ha considerado que la presencia en las cárceles de un número de reclusos superior a la cifra para que la fueron diseñadas "es una realidad en España y en toda Europa".
"Es algo que debemos administrar adecuadamente, pero que también ocurre en los hospitales y en otras infraestructuras públicas", ha señala la secretaria general de Instituciones Penitenciarias quien ha incidido en que la primera medida es construir más prisiones, "pero desde que se decide su puesta en marcha hasta que entran en servicio pasan entre cuatro y cinco años".
No obstante, ha asegurado que en la actualidad el nivel de incidentes que se producen en el interior de las cárceles españolas "no es más alto" que el que se registraba en otros momentos en los que prisiones tenían un menor grado de ocupación.
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