Washington (EE.UU.).- Representantes del Gobierno de Colombia reiteraron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su compromiso en la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales producidas en el país, como respuesta a las denuncias de organizaciones de derechos humanos.
Denunciantes recordaron ante la CIDH que las cerca de 1.000 ejecuciones extrajudiciales que denunciaron en anteriores sesiones de este organismo se encuentran prácticamente en su totalidad en situación de impunidad.
El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Colombia, Carlos Franco, aseguró que la administración del país "es consciente de que hay un problema, que es grave y que las medidas del Gobierno no han logrado toda la eficacia deseada".
Franco destacó que este problema "preocupa" al Gobierno de Álvaro Uribe y "está en el más alto nivel" de sus prioridades.
"El Estado colombiano no permitirá impunidad en ninguno de los casos", subrayó el funcionario, quien mencionó una serie de medidas puestas en práctica para paliar este problema.
Estas declaraciones se produjeron en el marco de la CIDH que se celebra en Washington entre el 15 y el 31 de octubre, dónde diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos volvieron a denunciar las crecientes prácticas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
Como portavoz de la parte peticionaria, Luz Estela Ponte, de Corporación Reiniciar, señaló que entre junio de 2002 y junio de 2007 se registraron 955 casos, mientras que en los primeros seis meses de 2008 fueron contabilizados un total de 102 víctimas.
Ponte mostró una serie de preocupaciones por parte de estas organizaciones, entre las que destacó las "nuevas modalidades registradas que comprometen a los servidores de la fuerza pública".
El perfil de las nuevas víctimas obedece, según estas organizaciones, a jóvenes en situación de desempleo o marginación social.
"Además de esta nueva modalidad de ejecuciones extrajudiciales, las demás no han cesado y siguen produciéndose la muerte de campesinos".
Asimismo, Ponte resaltó que también "es alarmante que estas prácticas puedan evidenciar la forma como el Gobierno está tapando el paramilitarismo en Colombia".
La parte peticionaria recordó ante la CIDH que las cerca de 1.000 ejecuciones extrajudiciales que denunciaron en anteriores sesiones de este organismo se encuentran prácticamente en su totalidad en situación de impunidad.
De este modo, Ponte criticó las "insuficientes e ineficaces" medidas adoptadas por la administración del país, cuya fiscalía emprende investigaciones "lentas y con poco iniciativa".
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