Una asociación pide la apertura de una fosa en Mallorca que podría contener ochenta personas

Palma.-  La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca ha pedido al juez de la Audiencia Baltasar Garzón la apertura de una fosa en el municipio de Porreres en el que se cree que podrían encontrarse los cuerpos de unas ochenta personas.

La presidencia de la Asociación, Maria Antònia Oliver, ha informado hoy en conferencia de prensa que la entidad tramitó ayer en la Audiencia Nacional la petición de la apertura de esa fosa y de otras en el municipio mallorquín de Calvià.

Oliver ha explicado que la fosa de Porreres, situada en el cementerio municipal, podría albergar los cuerpos de "unas ochenta personas que fueron fusiladas en la pared de la iglesia parroquial".

Respecto a las del municipio de Calvià, Oliver ha explicado que las víctimas están repartidas en "diferentes hoyos" situados también en el cementerio.

La presidenta ha explicado que la asociación tiene un acuerdo con el Departamento de Genética de la Universidad de las Islas Baleares por el que se ha creado un banco de ADN de los familiares de los desaparecidos, que en la actualidad cuenta con 140 muestras, para facilitar la identificación de las víctimas cuando se abran las fosas.

Oliver ha expresado el apoyo de la asociación al magistrado Garzón, cuya decisión de abrir fosas de desaparecidos, según ha dicho, ha causado una gran alegría a los familiares de los desaparecidos en Mallorca.

La representante de la asociación, por contra, ha destacado su rechazo a las acciones de la Fiscalía ante estos casos porque, "contrariamente" a lo que afirma, "la muerte de los desaparecidos no es pública ni tampoco notoria".

"No es pública -ha agregado- porque no existe ningún registro de su desaparición ni de sus nombres. Tampoco es notoria, porque se desconocen las circunstancias de su muerte".

Oliver ha rechazado, igualmente, el argumento de la Fiscalía de que los responsables de las desapariciones fueron amnistiados. "No se puede amnistiar a personas que no han sido juzgadas", ha concluido.

La presidenta ha recordado que en 2006 la asociación tenía un censo de 196 personas desaparecidas en Mallorca, pero que tras la petición del juez Garzón, la cifra podría subir en otras 1.900 víctimas de toda Baleares, cuya relación ha sido enviada al magistrado de la Audiencia Nacional.

A su juicio, estas víctimas representan tan sólo el cuarenta por ciento del total de los desaparecidos en las islas como consecuencia de la represión franquista.

Preguntada si la asociación cree corresponsable de esos casos a la sociedad mallorquina de la época, Oliver ha afirmado que "una gran mayoría de los 300.000 habitantes que entonces tenía Mallorca apoyó el golpe de Estado" y que, aunque "no todas participaron en la represión", si en cambio "mantuvieron silencio".

Respecto a la corresponsabilidad de la Iglesia católica mallorquina, Oliver ha respondido que esta "se posicionó claramente a favor de los franquistas", y en algunos casos "participó activamente en la represión".

La presidenta ha narrado el caso de un capellán de Llubí, Jeroni Alomar, que fue asesinado por los falangistas, asesinato que la Iglesia "ni denunció ni condenó", y el de dos curas de Algaida, que "fueron cómplices destacados de la represión".

Oliver ha subrayado que todavía está pendiente que la Iglesia "pida perdón por su apoyo al golpe de Estado y al franquismo", y "por no haber dejado siquiera que los familiares de los fusilados mostraran su duelo".

Los familiares de los desaparecidos, ha continuado, "tienen derecho a saber donde están enterrados sus seres queridos", porque, ha argumentado, "mientras no lo sepan, para ellos no ha acabado la guerra".