Montelimar (Nicaragua).- El Gobierno español destinará a Nicaragua 495.000 euros (693.612 dólares) para financiar, con asistencia técnica y jurídica, la elaboración del proyecto de reforma al Código Procesal Civil de este país, informaron hoy fuentes diplomáticas.
La AECID, que preside en Nicaragua Elena Montobbio de Balanzó, señaló que la financiación cubre apoyo y asistencia técnica al Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de España "que trabajan mano a mano" con una comisión creada por el Poder Judicial nicaragüense.
El embajador de España en Managua, Antonio Pérez-Hernández, hizo hoy el anuncio durante la presentación del borrador del proyecto de reforma al Código Procesal Civil ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua.
El diplomático español dijo que, a la fecha, se ha otorgado ya la mitad de esos fondos, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La AECID aprobó desde el año 2007, en el marco del proyecto "Apoyo al Proceso de Reforma Procesal Civil", 335.000 euros (469.391 dólares) para un período de tres años, más una subvención de 160.000 euros (335.000 dólares), precisó esa agencia en una nota.
La AECID, que preside en Nicaragua Elena Montobbio de Balanzó, señaló que la financiación cubre apoyo y asistencia técnica al Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de España "que trabajan mano a mano" con una comisión creada por el Poder Judicial nicaragüense.
El Código Procesal Civil de Nicaragua data de 1906.
La agencia española apuntó que el objetivo del proyecto de reforma del Código Procesal Civil es proveer el fácil acceso a la justicia en materia civil con un sistema oral que agilice los casos.
Ese proyecto, presentado hoy como borrador, es coordinado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ, a cargo de la magistrada nicaragüense Ligia Molina.
El documento propone el articulado de una nueva legislación de ocho libros: disposiciones generales, la prueba, medidas cautelares, de los procesos declarativos, recursos, ejecución forzosa, procesos de personas y familia, y jurisdicción voluntaria.
Según la jueza Molina, el borrador, que tendrá que ser aprobado por la Corte Plena del CSJ, integrada por dieciséis magistrados, se someterá a consultas, a nivel nacional, entre los miembros de los tribunales de apelaciones, medios de comunicación y universidades locales.
Entre agosto y septiembre del próximo año, agregó, será enviado a la primera secretaria de la Asamblea Nacional para su aprobación.
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