Los Defensores del Pueblo reclaman una carta de derechos sociales que garantice ingresos básicos

Oviedo.-  Los Defensores del Pueblo de España han recomendado a las administraciones públicas competentes la elaboración de una Carta de Derechos Sociales que, con carácter vinculante, establezca las prestaciones y servicios básicos para todas las personas y garantice, como mínimo, unos ingresos básicos.

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(EFE)

El fiscal jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José María Paz Rubio (dcha), junto al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, pronuncia la conferencia "El Ministerio Fiscal y la protección de las personas con discapacidad", ayer en las XXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se desarrollan en Oviedo.

Esta Carta de Derechos Sociales, que también debe garantizar un alojamiento que permita unas condiciones de vida dignas, figura entre las conclusiones de las XXIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que han concluido hoy en Oviedo.

Las conclusiones han sido presentadas por el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica, y por sus homólogos en Asturias y Andalucía, María Antonia Fernández Felgueroso y José Chamizo, respectivamente.

Los titulares de las defensorías españolas insisten en el carácter transversal de todas las políticas públicas destinadas a eliminar las situaciones de desprotección social, por lo que reclaman que se articulen normas, estructuras e instrumentos efectivos e interdisciplinares.

Asimismo demandan la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia, de modo que se garantice el cumplimiento del principio de igualdad recogido en la Constitución Española.

Múgica ha advertido de que la Ley de Dependencia no se está aplicando de igual forma en todas las comunidades autónomas debido a problemas económicos derivados del retraso en las aportaciones que tienen que hacer la administraciones central o regional.

Asimismo, ha explicado que otro de los problemas detectados es la falta de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y la excesiva burocratización en la evaluación de los dependientes.

Para corregir estas carencias, los Defensores del Pueblo instan a las administraciones a alcanzar los acuerdos necesarios en el seno del Consejo Territorial para que el derecho subjetivo que garantiza la ley se configure de manera efectiva.

También defienden que se mejore la información sobre la evaluación para un mejor acceso a la misma, que se agilicen los tiempos de respuesta y que se incorporen medidas que permitan prever necesidades futuras en relación a las demandas de dependencia.

Los Defensores del Pueblo han hecho en sus conclusiones una mención especial a la protección social a las personas que tienen limitada su capacidad de autogobierno a consecuencia de enfermedades mentales.

Para este colectivo recomiendan que se fomente una conciencia social que evite su marginación y prestar una efectiva y coordinada asistencia sociosanitaria que procure prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, atención y seguimiento integrales para garantizar su derecho a la protección de la salud y así asegurar el disfrute del resto de derechos sociales.

Igualmente, solicitan para este colectivo que se dote de recursos materiales y personales adaptados a cada patología y a cada paciente y que se adopten las medidas necesarias que garanticen la tutela de las personas con incapacitación en situación de desprotección por parte de administraciones e instituciones, así como la suficiencia financiera y la oportuna dotación de medios y recursos.