Bogotá.- Con 270.675 nuevos desplazados por la guerra en el primer semestre del año, un 41 por ciento más que el periodo anterior y cifra récord desde 1985, Colombia es el segundo país con un mayor número de personas forzadas a dejar sus residencias en el mundo, por detrás de Sudán.
El director ejecutivo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Jorge Rojas, habla durante la presentación a los medios de comunicación del informe sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos correspondiente al primer semestre de 2008.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), entidad que supervisa el fallo de la Corte Constitucional que en 2005 obligó al Estado a restituir sus derechos a las víctimas, difundió hoy estas cifras durante la presentación de su informe correspondiente a enero-junio de 2008.
De acuerdo al gobierno, en Colombia hay 2,6 millones de desplazados, pero, según CODHES, "hay un subrregistro", es decir, personas que nunca han sido censadas, que puede alcanzar un 30 por ciento del total, lo que llevaría a contabilizar cerca de cuatro millones.
En una entrevista con Efe, el presidente de CODHES, Marco Romero, explicó que "estas cifras muestran un incremento exponencial del desplazamiento", un fenómeno -dijo- que se viene produciendo de forma paulatina desde que llegó al poder el presidente Álvaro Uribe, con puntos máximos en los años 2002 y 2005.
"El conflicto armado continua en Colombia, el proceso de desmovilización paramilitar es parcial, los paramilitares siguen actuando como actores de la guerra y del narcotráfico, y las guerrillas siguen desarrollando un enfrentamiento con el Estado y con los paramilitares".
Esta situación "se mantiene en muchas regiones de Colombia y, donde se supone que no hay guerra, hay un dominio de poderes mafiosos que están ejerciendo coerción, cobran impuestos a la gente y controlan la vida política", agregó Romero.
El presidente de CODHES expresó que quienes "se oponen a estos dominios son eliminados con asesinatos selectivos, pero masivos, y la respuesta del Estado es más brigadas, más militares".
También explicó que en Colombia se registran altos índices de reclutamiento forzado, por el propio Estado, porque el servicio militar es obligatorio, y por los grupos armados ilegales.
En su presentación, el director ejecutivo de CODHES, Jorge Rojas, indicó que "la tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes" y el promedio diario entre enero y junio pasado fue de 1.503 personas.
"La geografía del desplazamiento se extiende a casi todo el territorio nacional", según Rojas, para quien "el éxodo continuo sigue siendo una manifestación grave, crítica, sostenida y prolongada de una crisis humanitaria y de derechos humanos que todavía el país no supera".
Los casos más numerosos se registraron en el departamento de Antioquia (noroeste), con un total de 38.638 desplazados y un incremento del 105 por ciento; Bogotá (centro), con 39.950 casos y un aumento del 74 por ciento, y Meta (centro), con 17.892 personas, un 133 por ciento más.
En ese periodo se registraron 66 desplazamientos masivos que afectaron a 33.251 personas, un 12 por ciento del total de la población desplazada.
Las causas del desplazamiento se encuentran en el rearme paramilitar, pese al acuerdo de desmovilización alcanzado con las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.
Esto ha quedado demostrado, según CODHES, en la irrupción de nuevos grupos "que el Gobierno intenta presentar como bandas criminales o emergentes dedicadas exclusivamente al narcotráfico".
También obedece a la actuación de las guerrillas, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que si bien se han visto debilitadas por sucesivos golpes militares y la muerte de sus principales dirigentes, mantienen "sus territorios minados, extorsionan y amenazan a la población", agrega el informe.
La ofensiva de la Fuerza Pública, "presionada porque se produzcan resultados, no está exenta de violaciones graves a los derechos humanos", lo que ha generado "desconfianza y temor de la población" y en consecuencias desplazamientos.
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