Se acabó la 'vie en rose' para la ministra de Vivienda

MADRID.-  Si en su presentación en sociedad, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, recibía los parabienes de los representantes políticos de los distintos partidos, y en la primera reunión sectorial se granjeaba la disposición a la escucha y hasta los 'piropos' de los distintos gobiernos autonómicos, hoy las cosas han cambiado radicalmente. Donde antes había disposición, ahora hay crítica, donde se hablaba de flexibilidad y consenso, ahora se critica el intervencionismo. ¿Qué ha provocado tal cambio?

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Después de una larga reunión.

Quizá la principal razón de tan radical cambio de pareceres sea que los grandes objetivos desdibujados en la primera reunión han empezado a tomar forma en propuestas de actuación específicas, y éstas no han gustado a todos. Los principales puntos de fricción están relacionados con los límites impuestos a la vivienda protegida, la creación de un registro de demandantes de VPO y el reparto de competencias entre las distintas administraciones. Pero vamos por partes.

VPO para toda la vida

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha mostrado su disconformidad con la duración de la calificación de las viviendas protegidas. Por ley, la VPO está sujeta a limitaciones temporales , que determina el gobierno autonómico correspondiente. En Madrid, por ejemplo, se puede descalificar transcurridos 15 años. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda propone que el inmueble protegido ubicado en suelo privado se descalifique, como muy pronto, a los 30 años; y que los levantados en suelo protegido, ya sea de propiedad pública o privada, no se descalifiquen en la vida.

En opinión del director general de Vivienda del Gobierno madrileño, Juan Van Halen Rodríguez, esta iniciativa supone la intromisión del Estado en políticas que están transferidas a las comunidades autónomas y "desincentiva la producción de viviendas".

De "demasiado controlador" también ha tildado al Ministerio de Corredor el consejero de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, quien considera que está intentando asumir competencias que no le son propias y corresponden a los gobiernos regionales. La ministra, por su parte, habla de "compartir responsabilidades" entre ayuntamientos, comunidades y Estado "para atender a los ciudadanos".

Alquiler 'por narices'

Y en su empeño de potenciar el alquiler, el Ministerio propone que "no menos del 40% de los recursos de los próximos diez años deben ser destinados al alquiler de viviendas protegidas". El consejero balear, Jaime Carbonero, ha aplaudido este propuesta; sin embargo, su homólogo de Murcia, José Ballesta, considera que esta "opción clara por el modelo de alquiler en contraposición a la venta de viviendas" se contrapone con "la idiosincracia española, ya que -afirma- la mayoría de los ciudadanos prefieren la venta al alquiler", y hay que tener en cuenta las diferencias entre comunidades autónomas, pues hay algunas que son más propicias al alquiler que otras.

Por ello, Ballesta ha pedido a Corredor que se haga un "esfuerzo por la flexibilización", y en lugar de destinar el 40% propuesto por el Ministerio, plantea una horquilla entre el 20% y el 40%, de manera que "cada comunidad pueda adaptar el plan a su idiosincrasia". Y para conseguirlo, el consejero murciano cree "fundamental que se deje a las autonomías ejercer sus competencias, sin intromisiones estatales".

Demandantes 'fichados'

Intromisión estatal también supone, a juicio del representante de la Comunidad de Madrid, la creación de un registro de demandantes; es decir, un listado en el que se encuentren todas las personas que quieren adquirir una vivienda protegida. Para Van Halen, esto supone "una política intervencionista clara", ya que, si un promotor privado cumple los requisitos legales y los ciudadanos también, "el Estado no tiene por qué intervenir en ello". Carbonero, por su parte, considera que este registro "debe perfilarse".

Mientras tanto, la ministra recuerda que la creación de este registro no es una novedad y ya estaba previsto en el anterior plan estatal de vivienda, pero algunas comunidades autónomas se habían quedado 'rezagadas' del plazo estipulado, por lo que éste se ha ampliado un año más.

(efe)

Los representantes autonómicos.

Precios en manos de los ayuntamientos

Más polémico aún ha resultado la propuesta ministerial de que los ayuntamientos participen en la fijación de los precios máximos de la VPO. Habitualmente, la cartera de Vivienda determina cada año ese precio máximo, y son los ejecutivos autonómicos los que fijan el precio que alcanzará éste en su territorio en función de la población, las rentas medias, la demanda y el coste del suelo.

Según Van Halen, en este punto, además de Madrid, han mostrado su oposición comunidades autónomas de muy distinto signo político, como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, entre otras. La razón: si los ejecutivos municipales tienen la última palabra y deciden si aplican o no el precio impuesto por los gobiernos regionales, "un proceso objetivo se convertiría en subjetivo".

Financiación

Otra preocupación común a todos los asistentes a la reunión ha sido la financiación. Todos los representantes regionales han mostrado su temor a que la actual crisis económica suponga la inviabilidad del plan, ya que de nada sirve construir VPO si no hay quien la compre porque no le conceden créditos para ello. En este sentido, la ministra opina que las restricciones crediticias no tienen por qué afectar a la vivienda protegida, ya que "está avalada por el Estado", y ha garantizado "que el plan va a tener la financiación correspondiente". De hecho, se ha referido al aumento del 16,6% en la partida presupuestaria de su ministerio en 2009, y a los créditos concedidos por el ICO -5.000 millones de euros este año y otros tantos para 2009 y 2010-, para que se pueda financiar la construcción de VPO.

Además, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de Andalucía, Juan Espadas, ha puntualizado que se evaluarán las distintas entidades financieras que puedan avalar los objetivos de VPO del plan, y que serán muy selectivos a la hora de elegirlas y de establecer sus funciones, que quedarán especificadas en los convenios que se firmen.

Como vemos, opiniones para todos los gustos y colores y un plan en el aire que, según las previsiones, podría estar listo en noviembre. "El Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 está muy adelantado -ha dicho el consejero balear-. Faltan pequeños flecos por definir, pero posiblemente en el mes de noviembre se pueda aprobar". De momento, la próxima cita es, justamente, el próximo noviembre.