Miami (EE.UU.).- El Gobierno de Venezuela trató de evitar que la estatal PDVSA fuese vinculada con el maletín con 800.000 dólares decomisado a un empresario venezolano en Argentina y que presuntamente estaban destinados a la campaña de la actual presidenta de ese país, Cristina Fernández, dijo hoy un testigo.
Reproducción fotográfico del dibujo oficial de la corte realizado por Shirley Henderson que muestra a la jueza federal Joan A. Leonard (arriba C), al testigo de la fiscalía Moisés Maionica (I) y al empresario venezolano Franklin Durán (D), con audífonos, durante la audiencia que se sigue hoy en el llamado 'Caso del Maletín' en una corte federal de Miami, Florida (EEUU).
Moisés Maiónica, uno de los cinco acusados en el caso, declaró que se analizó la posibilidad de que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) emitiera un recibo al empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson para demostrar que el dinero le pertenecía.
"Pero el Gobierno nunca estuvo de acuerdo en que fuera una justificación de PDVSA porque eso iba a establecer un vínculo entre el Gobierno de Venezuela, Antonini y el maletín", afirmó Maiónica al ser interrogado por la defensa del empresario Franklin Durán.
Maiónica hizo estas revelaciones en su sexto día de declaraciones en el juicio que se le sigue en Miami a Durán, el único de los acusados que se ha declarado inocente.
Su prolongado testimonio ha retrasado la comparecencia de Antonini, el testigo estrella de la Fiscalía Federal, y es posible que aún no declare, porque el viernes subirá al estrado Thomas Adler, el director del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA) para Venezuela.
Antonini portaba el maletín con el dinero que, según las pruebas de la Fiscalía Federal de Estados Unidos, estaba destinado a la campaña electoral de Fernández y procedía de las arcas de PDVSA.
Las autoridades argentinas decomisaron el maletín a Antonini en un aeropuerto de Buenos Aires, en agosto de 2007, cuando aterrizó en un avión en el que viajaban funcionarios argentinos y de la estatal petrolera venezolana.
El empresario está acusado en Argentina de lavado de dinero e intento de contrabando y se ha solicitado su extradición.
Cuando estalló el escándalo, funcionarios venezolanos discutieron un plan para que Antonini dijera que el dinero era suyo y resolver así el caso legal en Buenos Aires, porque al principio sólo se trataba de una infracción de aduanas por no declarar el dinero, según Maiónica.
Agregó que también analizaron la manera de transferir dos millones de dólares a Antonini de una partida secreta, fondos que solicitó a petición de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) con el argumento de que necesitaba proteger a su familia en caso de que lo encarcelaran.
Henry Rangel Silva, el director de la Disip, servicios de Inteligencia de Venezuela y el organismo que aportaría ese dinero, se opuso a que alguna agencia gubernamental venezolana transfiriera los fondos a Antonini, dijo Maiónica.
"El general Rangel de ninguna manera quería que PDVSA, ni ninguna agencia del Gobierno, hiciera la transferencia para no establecer un vínculo (con el caso)", explicó el acusado.
Precisó que después se analizó la posibilidad de que Antonini enviara a una persona de su confianza a buscar el dinero en efectivo y en caso contrario se le notificaría a Durán o a directivos de su empresa, Venoco, para que se encargarán de la transferencia.
Durán afronta dos cargos de conspirar y actuar como un agente del Gobierno de Venezuela en EE.UU. sin haberse registrado como tal para encubrir el origen y destino del dinero.
Su abogado, Edward Shohat, sostiene que Durán sólo intentó ayudar a su amigo Antonini para que se defendiera en Argentina y que temía perder sus negocios con el Gobierno venezolano al estallar el escándalo.
Durante los dos últimos días Shohat ha tratado de derribar la credibilidad de Maiónica, un abogado venezolano, como testigo de la Fiscalía Federal.
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