El Tribunal Supremo ilegaliza al partido vasco ANV por vínculos con ETA

Madrid.-  El Tribunal Supremo español ilegalizó hoy el partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) y ordenó su disolución por su vinculación con Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA.

ampliar foto

(EFE)

Foto de archivo (05/05/08, en Portugalete, Vizacaya) en la que agentes del Cuerpo Nacional de Policía retiran la bandera de ANV de un local.

La decisión fue adoptada después de las demandas interpuestas contra ANV por el Gobierno español y la Fiscalía del Estado al considerar que ese partido está instrumentalizado por Batasuna.

El Ejecutivo abrió el camino para su ilegalización a finales del pasado mes de enero con el fin de evitar que pudiera concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo en España como alternativa, al estar prohibido el brazo político de ETA.

El Tribunal Supremo debe pronunciarse también sobre la eventual ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), acusado asimismo de estar vinculado con Batasuna, que fue ilegalizada el 17 de abril de 2003.

En su demanda, los servicios jurídicos del Estado consideraban que ANV formaba parte de la izquierda independentista del complejo de Batasuna y era "la candidatura de ETA" para las pasadas elecciones.

La ilegalización se basa en la Ley de Partidos Políticos en vigor en España desde junio de 2002 y que permite la prohibición de aquellas formaciones que amparen o apoyen el terrorismo.

Tanto Acción Nacionalista Vasca como el PCTV se presentaron a las elecciones locales celebradas en mayo de 2007, aunque muchas de sus candidaturas fueron anuladas tras ser impugnadas.

No pudieron concurrir a las elecciones generales celebradas el pasado mes de marzo al haber suspendido su actividad el juez Baltasar Garzón tras recibir las demandas contra ambas formaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Acción Nacionalista Vasca fue creada en 1930 e inscrita en el Registro de Partidos en 1977.

Participó en la constitución de Herri Batasuna en 1978, de la que se escindió en 2001, aunque se mantuvo en el mismo espacio político pero en una situación de práctica inactividad hasta que cobró actualidad en 2007 como eventual alternativa en el calendario electoral.

Su ilegalización como partido supone la disolución y también la liquidación de su patrimonio, que será destinado a "actividades de interés social o humanitario".

El Gobierno español manifestó su satisfacción con el fallo del Tribunal Supremo, que considera "un paso adelante en el proceso normalizador de la vida política y ciudadana en el País Vasco" y un avance para aislar a los violentos y a quienes les apoyan, según señalaron a Efe fuentes del Ejecutivo.

El líder del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, también expresó su satisfacción por la sentencia, que definió como un "triunfo de la ley, de la libertad y del Estado de Derecho".

Rajoy centró gran parte de su oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la anterior legislatura socialista en el rechazo de su política hacia ETA y en la reclamación de más dureza contra la banda terrorista y sus apoyos políticos.

La ilegalización de Acción Nacionalista Vasca es la segunda de un partido político decretada por el Tribunal Supremo español en virtud de la Ley de Partidos, que entró en vigor el 29 de junio de 2002, con el entonces gobierno de José María Aznar. Batasuna fue el primer partido ilegalizado.

El proceso de ilegalización de ANV comenzó con el paso que dio el Gobierno en mayo de 2007 para impedir que 133 de las candidaturas de esta formación pudieran presentarse a las elecciones municipales al considerar que estaban instrumentalizadas por Batasuna.

Tres días después de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnaran esas listas, el Tribunal Supremo las anuló.

Con las candidaturas que pudieron concurrir a esos comicios locales, celebrados el 27 de mayo de 2007, ANV consiguió 387 concejales en el País Vasco, lo que le convirtió allí en la tercera fuerza política, y un centenar en la vecina región de Navarra.

Su intención de participar en las elecciones generales del pasado 9 de marzo se frustraron con la presentación de las demandas de ilegalización por parte de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, a finales de enero, y la suspensión de sus actividades ordenada por el juez Baltasar Garzón.