El PP propone, como Cataluña, que los anticipos y préstamos no computen como deuda

Valladolid.-  El PP ha sacado hoy adelante en las Cortes de Castilla y León el primer trámite para aprobar una ley, que ya tiene Cataluña, que permita que operaciones concertadas con otras administraciones públicas, que requieren de anticipos o préstamos, no computen en el endeudamiento máximo permitido a la Comunidad.

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(EFE)

Los consejeros de Economía y Fomento, Tomás Villanueva (i) y Antonio Silván, respectivamente, conversan antes del Pleno de las Cortes celebrado hoy en Valladolid.

La proposición de ley, que hoy pasó la toma en consideración de la Cámara, fue defendida por la procuradora popular María Jesús Moro, y ha contado con la abstención socialista, que ha considerado que debía haberse tramitado mediante una reforma de la Ley de Hacienda y Sector Público de la Comunidad, y a instancias del Gobierno regional.

Moro ha expresado a Moro su "perplejidad" por la postura socialista, y le ha recordado al parlamentario Ángel Velasco, interviniente por parte de esa formación, que esta ley ya funciona en Cataluña, con el respaldo del PSC en esa Comunidad, a la vez que ha argüido su urgencia, en un momento de crisis, en la necesidad de clarificar que esos anticipos o préstamos no son deuda.

De no aclararse, los mismos, "podrían consumir, en todo o parte, el límite de endeudamiento autorizado y restar capacidad de endeudamiento para otras necesidades" de inversión propias de la autonomía, y atender "los servicios públicos que competen a la Administración regional".

La iniciativa pretende que las operaciones de préstamos y anticipos reembolsables concertados con otras administraciones públicas no se tengan en cuenta a efectos del límite máximo de endeudamiento autorizado anualmente a la Comunidad, por cuanto no tienen incidencia en el volumen de deuda del conjunto del sector público español, según la normativa contable europea.

De ésta forma, se posibilita financiar las inversiones necesarias en tecnología digital para la implantación de la señal digital en Castilla y León, de acuerdo con la distribución de competencias en ésta materia.

La proposición de ley cuenta con el respaldo de la Junta de Castilla y León, acordada en su reunión del pasado 4 de setiembre.

El procurador socialista Ángel Velasco ha calificado de "chapuza" la propuesta, para la que no ha encontrado razones de urgencia que fundamenten que se presente por medio de una proposición de ley de un grupo parlamentario en lugar de por medio de proyecto de ley de la Junta de Castilla y León.