Toledo.- El Gobierno Regional va a recurrir el auto dictado por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Albacete, que suspende de forma cautelar la obligación de acudir a clase de Educación para la Ciudadanía para seis alumnos de esta capital.
En un comunicado, la consejería de Educación indica que recurrirá la resolución judicial por no compartir la urgencia alegada en la misma, ya que solo uno de estos alumnos cursará una de las materias objeto del recurso, la de Educación Ético-Cívica de 4º de la ESO.
Esta materia, según la Junta, se venía cursando "sin ningún tipo de objeción ni de polémica bajo la denominación de Ética".
La consejería de Educación indica en su comunicado que la decisión judicial, que lleva fecha de 27 de agosto, no tendrá ningún efecto real sobre la implantación de la asignatura en Castilla-La Mancha, donde se comenzará a impartir este curso 2008-2009.
La consejería de Educación y Ciencia recuerda que la LOE, avalada por mayoría absoluta en el Congreso, dispone que todos los escolares cursen esta asignatura obligatoriamente, al educar en valores universales y comunes a todas las sociedades democráticas.
De esta forma, la Administración regional insiste en que Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos comenzará a impartirse con normalidad en las aulas de la región este curso 2008-2009 en 2º de ESO y sigue defendiendo el valor de la misma como herramienta fundamental para la formación integral del alumnado.
Además, recuerda que Castilla-La Mancha impartirá esta materia porque así lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE), una Ley que está avalada por mayoría absoluta en el Congreso, que no fue recurrida por ningún Grupo parlamentario, y cuyos contenidos fueron informados favorablemente por el Consejo de Estado.
Asimismo, cuenta con el aval inicial del Consejo de Europa que emitió una Recomendación a los Estados miembros en el año 2002 instándoles a "hacer de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de la política educativa y sus reformas".
La Junta respeta la decisión de las familias de acudir a los cauces legales que considere oportunos, aunque señala que la objeción de conciencia a cursar esta asignatura no deriva directamente de la Constitución, ni está prevista en la LOE, ni reconocida en ninguna otra norma del ordenamiento jurídico vigente.
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