Lima.- La actitud de la Iglesia oficial ante el conflicto que asoló Perú entre 1980 y 2000, y su defensa de la actuación del papel ejercido por las fuerzas de seguridad en aquellos años desató hoy de nuevo el debate en este país.
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación revela que la guerra sucia entre los grupos terroristas y las fuerzas del orden (1980-2000) dejó unos 70.000 muertos y desaparecidos, de los que solo 18.397 pudieron ser debidamente identificados.
El cardenal primado de la Iglesia peruana, Juan Luis Cipriani, criticó ayer, durante su tradicional homilía por la festividad de Santa Rosa, "que se haya puesto de moda" atacar a las fuerzas de seguridad y que la defensa de los derechos humanos haya quedado en manos "de un pequeño grupo ideológico".
Cipriani se refirió así al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que la semana pasada cumplió cinco años, en el que se denunciaba la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y la Policía en actos de guerra sucia durante la lucha contra el terrorismo.
Entre otras cuestiones, el cardenal pidió que Perú acoja "con respeto, agradecimiento, sin ideologías y sin odios, la presencia de la policía y las fuerzas armadas".
En declaraciones recogidas hoy por el diario Perú 21, el ex comisionado de la CVR Carlos Tapia dijo no sorprenderse de la opinión de Cipriani y señaló que "sería una vergüenza que monseñor, quien dijo en una oportunidad que los derechos humanos eran una cojudez, o los fujimoristas aplaudieran nuestro informe".
"El cardenal está preocupado por el informe de la CVR, porque ahí se muestra que cuando era obispo de Ayacucho no dijo nada cuando se violaron los derechos humanos de los campesinos o se asesinaron comuneros en el cuartel de Los Cabitos. Quiere salvar su alma, pero no podrá", argumentó Tapia.
El director de Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich, expresó en un artículo editorial publicado hoy que las críticas al informe de la CVR se dan por ignorancia sobre su contenido o "por el interés subalterno de enfrentar al país con los principios de la defensa de los derechos humanos".
En los últimos días, algunos miembros del Gobierno, como el vicepresidente, Luis Giampietri, y el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, denunciaron las conclusiones de la CVR por considerar que no han hecho más que "polarizar" a la población sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y no contribuir a la pacificación.
Flores-Aráoz llegó a decir que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, tal y como insiste la CVR, es "poner de rodillas" al Estado.
El ministro de Producción de Perú, Rafael Rey, se manifestó en el diario Correo a favor de las palabras de Cipriani y consideró que, si bien la CVR dice que quiere restañar heridas, lo que hacen es "abrirlas utilizando el sufrimiento de la gente para hacerse famosos".
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación revela que la guerra sucia entre los grupos terroristas y las fuerzas del orden (1980-2000) dejó unos 70.000 muertos y desaparecidos, de los que solo 18.397 pudieron ser debidamente identificados.
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