Este mes de septiembre es la fecha de caducidad puesta a la normativa que ha convertido en los últimos años el sector fotovoltaico en uno de los negocios más rentables del país. Con esa regulación (y las excesivamente altas primas ), la inversión en la industria de estas placas solares creció un 500% en 2007 y la potencia instalada alcanzó un 410% más que en 2006. Algunos llegaron a comparar el fenómeno con el "boom" del ladrillo y esto catapultó a España en poco tiempo hasta los primeros puestos de la clasificación mundial de países fotovoltaicos. Ahora el Gobierno pisa el freno para poner orden en la expansión de esta energía renovable. Sin embargo, la industria de las placas solares asegura que las nuevas reglas de juego amenazan el futuro del sector y la asociación ASIF ya habla de 20.000 despidos.
Planta fotovoltaica Sevilla PV
La nueva normativa que tramita el Gobierno (el ministro Sebastián ha anunciado hoy que la versión final se conocerá antes del día 29 de septiembre) prevé limitar la potencia instalada a 300 megavatios (MW) en 2009 (frente a los 1.000-1.500 MW que se espera se instalen en 2008 -unos 100 MW al mes-) y reducir las primas hasta un 35% en comparación con la anterior regulación. Aunque la industria ha reconocido que las primas estaban realmente sobredimensionadas, desde hace meses hace sonar todas las alarmas por lo que considera unas limitaciones excesivas que dilapidan las buenas expectativas del sector. Según han asegurado APPA y ASIF, las empresas podrían tener pérdidas de 450 millones de euros y se van a dejar escapar inversiones cercanas a los 4.000 millones de euros. Asimismo, hemos de sumar a este escenario el desacuerdo entre las propias asociaciones representantes del sector: la hasta ahora patronal ASIF se escindía de forma reciente y aparecía la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF). Mientras la primera sí que se ha mostrado en contra de instalaciones demasiado grandes, la nueva entidad se muestra más favorable a los campos de placas a gran escala.
La nueva regulación parece otorgar un mayor apoyo a los placas solares instaladas en tejados, que recibirán 33 céntimos de euro por kilovatio hora (kWh) frente a los 45 que venía recibiendo. Sin embargo, desde ASIF niegan que sea así, pues al mismo tiempo se crean nuevas exigencias que complican su desarrollo (un aval y limitación de potencia al doble de su consumo). Por otra parte, las huertas solares (campos de placas solares instalados sobre el suelo) recibirán 29 céntimos euros por kWh en lugar de los extremadamente rentables 44 que percibirán las que sean conectadas antes de que caduque la actual regulación. Si bien, en este punto, el sector alerta de que el retraso en la constitución del nuevo sistema de registro puede impedir que salgan adelante muchas instalaciones previstas para 2008, que de pasar a 2009 cubrirían de forma rápida el límite de los 300 MW.
Estas huertas solares (ver un vídeo curioso sobre su funcionamiento) están siendo financiadas por los bancos con rentabilidades de un 9% y fueron las que provocaron una especulación similar a la de la construcción.
Frente a la alta rentabilidad financiera, las huertas solares ofrecen una rentabilidad energética muy baja: suman a la poca eficiencia del módulo fotovoltaico (en torno al 12%) las pérdidas por conducción de la línea, por lo que el kWh sale a precio de oro. El impacto en nuestro paisaje se sobrellevaría mejor si al menos no tuviéramos que escuchar cómo los propietarios de huertas dividen sus instalaciones en varias parcelas con diferentes titulares para lograr así mayores beneficios si cabe. Similar picaresca a la observada con subsidios agrarios.
Por su parte, el consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aboga por no imponer límites a la instalación de fotovoltaica y menciona aspectos clave como la necesidad de tener en cuenta aspectos técnicos que aseguren la calidad de las instalaciones o la de garantizar un marco regulatorio y retributivo estable que garantice incentivos flexibles y que lleven a una inversión en investigación tecnológica para mejorar los paneles e instalaciones. Como ya pasó en otros sectores, el agrario por ejemplo, los incentivos económicos pueden desincentivar el avance y la competitividad.
Según el Gobierno, la nueva normativa pretende también estimular la producción nacional de paneles: menos del 30% de las placas instaladas en 2007 eran de fabricación nacional. España importó por valor de 2.500 millones paneles de Alemania, Japón y China. Sin embargo el efecto parece ser el contrario: tras conocerse el contenido de la nueva norma, BP Solar anunció que no seguirá adelante con la construcción de la fábrica de paneles más grande de Europa, planificada en Puertollano (Ciudad Real) y que habría supuesto una inversión de cien millones de euros y 500 nuevos empleos directos.
Hay quien piensa que subvencionar una actividad industrial es perjudicial para ésta dado que no alienta su competitividad. Las energías renovables que cada día llegan a nuestras vidas y paisajes necesitan un tiempo para hacerse un hueco, así como apoyo institucional, si es que nuestras políticas están en línea con el objetivo de avanzar hacia la sostenibilidad energética. Lo que está claro es que el nuevo Real Decreto del Gobierno aún dará mucho de qué hablar mientras los inversores buscan nuevas vías para seguir rentabilizando sus negocios.
¿Tú qué opinas? ¿Estos fuertes recortes son necesarios para garantizar un crecimiento sostenible de las instalaciones fotovoltaicas o realmente ponen en peligro el muy necesario desarrollo de esta energía renovable justo cuando empieza a despegar?
* Amanda del Río es ambientóloga y trabaja en la Fundación Global Nature(Las conclusiones y puntos de vista reflejados en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor y no representan, comprometen, ni obligan a las instituciones a las que pertenece).
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