Grupos cívicos anuncian nuevas protestas contra las reformas de seguridad

Panamá.-  Los grupos cívicos que rechazan las reformas a los cuerpos de seguridad del Estado denunciaron hoy la forma acelerada en que el Gobierno trata de aprobar las medidas y anunciaron nuevas protestas contra el proyecto que es tildado de militarista.

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(EFE)

También informaron de que el 3 de septiembre próximo marcharán a la Asamblea Nacional para exigirle a los diputados que rechacen ratificar los decretos leyes.

La Red Democracia Ciudadana (RDC), integrada por diversos gremios cívicos, anunció en rueda de prensa que mañana se concentrarán frente a la Iglesia del Carmen, en la capital, en su cuarta vigilia contra las reformas.

También informaron de que el 3 de septiembre próximo marcharán a la Asamblea Nacional para exigirle a los diputados que rechacen ratificar los decretos leyes.

Mientras tanto, el Gobierno publicó hoy en la Gaceta Oficial las dos leyes que aprobó ayer el gabinete y que le permiten al presidente nombrar a un oficial de carrera al frente de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional (SPI, guardia presidencial), lo que estaba prohibido hasta ahora.

Los activistas, algunos fundadores de la Cruzada Civilista que entre 1987 y 1989 se opuso al régimen militar (1968-1989), señalaron en un "comunicado al país" que la decisión del Ejecutivo de aprobar a "tambor batiente" el proyecto es "una bofetada a la democracia y la gobernabilidad de este país".

Sostienen que "es preocupante que el Gobierno haya decidido dar rienda suelta a las pretensiones de quienes hace 20 años (durante el régimen militar) ni respetaron la Constitución, ni defendieron las garantías constitucionales".

"Por el contrario, fueron los subalternos y compinches de quienes hoy cumplen condenas por narcotráfico y lavado de dinero", subrayó la RDC en alusión al ex general panameño Manuel Antonio Noriega.

Responsabilizaron al coronel retirado y actual Ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado, como el creador de estos decretos "inconstitucionales desde su elaboración" y por no llevarlos a una consulta nacional, a pesar de haber sido discutido con grupos organizados durante un par de semanas.

Miguel Antonio Bernal, catedrático constitucionalista y candidato a la Alcaldía para las elecciones de 2009, exigió la separación del cargo de Delgado por promover estas reformas "que legalizan la violación de los derechos humanos".

Bernal dijo que la fórmula de aprobar el proyecto mediante decretos leyes retrasa cualquier recurso de inconstitucionalidad, pero no descartó solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra estas medidas en caso de ser ratificadas.

Afirmó que el Gobierno al impulsar estas medidas se encuentra en una "flagrante violación" de convenios internacionales de derechos humanos de los que Panamá es signataria, "y nos está distanciando de lo que es un Estado de derecho".

Por su lado, el empresario Enrique De Obarrio, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, reconoció que en el país existe un problema de seguridad, que el Gobierno "ha fracasado" en no someter un asunto "tan delicado" a una consulta general.

El Gobierno dejó pendientes de aprobación los otros tres decretos leyes que crean el Servicio Aeronaval, el Servicio de Fronteras y el Consejo de Seguridad y retiró varios artículos de este último sobre la creación de un organismo de inteligencia nacional porque pueden violar la Constitución, según advirtieron altos funcionarios y el Colegio de Abogados.

La secretaria anticorrupción, Alma Montenegro, y el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, han señalado al presidente panameño, Martín Torrijos, los posibles vicios de inconstitucionalidad que contiene el proyecto que crea el Servicio Nacional de Inteligencia respecto a las garantías individuales y la Ley de Transparencia vigente.

El Gobierno ha aclarado que las reformas no buscan instaurar el militarismo en el país, como señala la oposición.

Panamá no tiene ejército desde diciembre de 1989, cuando las Fuerzas de Defensa que mantuvieron en el poder a Noriega fueron disueltas luego de la invasión de EE.UU. y sustituidas por un cuerpo de policía civil a la que se integraron muchos de los antiguos militares.