Santiago de Chile.- Chile registra graves incumplimientos en el respeto a las garantías fundamentales, que se concentran principalmente en grupos vulnerables de la población, según un informe presentado hoy por el Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales.
El sistema penitenciario se encuentra en crisis y debe ser estructuralmente modificado, no se soluciona con la construcción de nuevas cárceles, denuncia un informe el Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales.
El director ejecutivo del centro, Nicolás Espejo, alertó especialmente durante la presentación del informe sobre la crisis del sistema penitenciario chileno.
"El sistema penitenciario se encuentra en crisis y debe ser estructuralmente modificado, no se soluciona con la construcción de nuevas cárceles", dijo Espejo, quien denunció el hacinamiento de los presos y casos de tortura y malos tratos a los reclusos.
Otro capítulo que analiza el documento son las políticas que restringen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, entre ellos a la huelga o a las protestas sociales.
"Se ha criminalizado la protesta social, el Estado ha reducido el ejercicio de los derechos ciudadanos como la protesta y la movilización a meros actos de criminalidad", afirmó Espejo, quien aseguró que se producen "prácticas represivas policiales permitidas por el Gobierno".
En lo referente a los pueblos indígenas, el informe denunció que las instituciones legales, judiciales y administrativas incurren en diversas violaciones a los derechos humanos de estos grupos.
Esto se refleja en el deficiente modelo de reconocimiento constitucional de los indígenas en Chile, prácticas de violencia y hostigamiento en contra de estas comunidades y el constante crecimiento de denuncias internacionales contra el país en esta materia.
El documento también destaca la percepción de que se ha avanzado en la resolución de casos de violaciones de los derechos humanos acaecidos en el pasado, básicamente durante la dictadura militar que encabezó el general Augusto Pinochet (1973-1990).
Aún así, se observa con preocupación el creciente uso de la prescripción y la rebaja de condenas en varios casos de ejecuciones sumarias.
También se critica que el Consejo de Defensa del Estado niegue casos de violaciones de los derechos humanos y que abogue por la prescripción de algunos casos.
A juicio de Espejo, las sucesivas administraciones de la Concertación, coalición que gobierna el país desde 1990, han elaborado políticas públicas insuficientes en torno al cumplimiento de los derechos humanos.
En la última legislatura, dijo Espejo, el Gobierno encabezado por la socialista Michelle Bachelet ha ideado "algunas políticas que pueden ser favorables para mejorar la situación", pero ha fallado en su ejecución.
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