La Paz.- El Gobierno de Evo Morales denunció hoy que Bolivia está en el "umbral" de un golpe de Estado ante el aumento de las protestas políticas que encabezan gobernadores opositores, en tanto que las Fuerzas Armadas ratificaron su lealtad al Ejecutivo.
Morales ha denunciado otras veces que existe un complot en su contra promovido por opositores, pero ésta es la primera ocasión en la que su Gobierno destaca que Bolivia vive el "preludio" de un golpe de Estado.
La denuncia fue realizada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva en la que aseguró que el país está en el "umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional".
Quintana achacó el plan a los prefectos (gobernadores) de las regiones autonomistas que están en huelga de hambre con el apoyo de los dirigentes cívicos de sus regiones.
La huelga de los prefectos coincide con medidas de fuerza de varios sectores sociales, algunos ex aliados de Morales, a pocos días del referendo para que la ciudadanía se pronuncie acerca de si deben continuar en sus puestos el presidente, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos del país.
Según Quintana, que el miércoles denunció que su vehículo fue tiroteado, aunque él no viajaba en el mismo en ese momento, la acción golpista en Bolivia se gesta "al típico estilo de las dictaduras que precedieron a la recuperación de la democracia en 1982".
Morales también ha remarcado hoy, durante la celebración del 183 aniversario de las Fuerzas Armadas, en la ciudad de Cochabamba, que hay grupos que le faltan "el respeto al pueblo boliviano" y aplican "una especie de dictadura civil atentando contra la democracia".
Según el mandatario, en Bolivia las dictaduras de los años 60 y 70 se han sustituido por la acción de grupos que "toman aeropuertos, toman cortes departamentales electorales y balean carros (coches) de ministros".
Actualmente, se encuentran en huelga de hambre los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; Beni, Ernesto Suárez, y Pando, Leopoldo Fernández, todos ellos aliados en su demanda de autonomía.
En las próximas horas tiene previsto sumarse a la huelga de hambre la prefecta de Chuquisaca, la indígena quechua opositora Savina Cuéllar, y mañana el gobernador de Tarija, Mario Cossío.
Simultáneamente varios colectivos sociales, entre ellos los discapacitados y los mineros, han causado desórdenes en distintas regiones del país por demandas a Morales, y grupos autonomistas ocuparon aeropuertos para impedir que el presidente visite sus regiones.
En los conflictos sociales, que se han intensificado esta semana, murieron el pasado martes dos mineros en una carretera andina durante un choque con la policía en medio de una protesta para reclamar a Morales una reforma del sistema de jubilaciones.
En la ciudad de Tarija (sur), los desórdenes por parte de grupos opositores obligaron el pasado martes a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y a su colega de Venezuela, Hugo Chávez, a cancelar una reunión con Morales para firmar acuerdos de cooperación energética.
Hoy, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, ratificó, en una festividad militar en Cochabamba, el respeto al Gobierno de Morales.
"Las Fuerzas Armadas son los garantes de la democracia, concepto que incluye el precepto constitucional de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido sea el actual o cualquier otro que recoja la voluntad del pueblo, que es el gran soberano", dijo el general Trigo.
La Iglesia Católica también se pronunció en un mensaje en el que pidió a la ciudadanía que tenga un "comportamiento adecuado a la delicada situación" del país y de manera especial a las "fuerzas del orden" que contribuyan "a que el referendo del domingo se realice "en un ambiente de respeto, serenidad y paz".
El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Jesús Juárez, exhortó a las autoridades a asumir "los resultados del proceso, cualquiera que estos fueran, con la mayor cordura y sentido de responsabilidad".
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