Un longevo mercado único europeo de contenidos

La Comisión Europea acaba de anunciar dos medidas sobre derechos de autor y propiedad intelectual dispares. Una parece mirar al futuro y la otra está anclada en el pasado. Se reproduce la doble faz y la diferente tendencia de las decisiones políticas detectada tan a menudo cuando el impulso viene de responsables económicos o del ámbito de la cultura. Pero en algo sí coinciden las dos: protegen a los negocios y avanzan muy poco en la reflexión sobre los derechos de los ciudadanos y el futuro de los contenidos y la cultura.

(EFE)

El director de cine y presidente de la SGAE, José Luis Borau.

Con la primera medida Europa derriba los monopolios nacionales en la gestión de derechos de autor como los de la SGAE en España. Acaba el contrato obligatorio unido al pasaporte de los músicos. Es uno de los pasos imprescindibles para la creación de un mercado único europeo de contenidos, uno de los principales objetivos de la Comisión para la Europa digital. También es la reafirmación de que ya no es posible mantener un mercado nacional de contenidos, por mucho que a menudo tanto se invoque torticeramente la diversidad y la protección de la cultura para defender nuevos feudalismos y alcazabas.

La utilización de la música europea en cualquier país de la Unión ya no tendrá que enfrentarse a la pesadilla de negociar y pagar los derechos de autor a cada una de las sociedades de gestión de derechos nacionales. Televisiones, radios, música en internet, etc. pagarán los derechos de autor en un solo país y serán las sociedades de gestión las que deberán entenderse, tanto en límites territoriales como en precios.

La consecuencia más inmediata es la simplificación de la gestión de contenidos para los medios. Hoy una pesadilla que ahoga muchas iniciativas. Por fin el peso de la gestión corresponderá a las sociedades de derechos y no a quienes los pagan. Pero la medida tiene otra consecuencia importante: los creadores podrán elegir qué sociedad gestiona sus derechos sin estar obligados por su nacionalidad. Las sociedades de gestión tendrán que competir entre sí con mejores ofertas de gestión y remuneración a los autores. Una ruptura de monopolios nacionales que, como ha ocurrido en otros ámbitos, aportará más transparencia a un sector opaco y poco controlado pese a la capacidad de los gobiernos para vigilar sus cuentas.

95 años

La segunda medida propone extender los derechos de los intérpretes de música y de las discográficas a 95 años desde los 50 actuales para igualarlos con los de los autores y con los países en los que esos derechos son más longevos, como Estados Unidos. El objetivo confesado por el comisario Charlie McCreevy es proteger a los músicos de los años 50 y 60 del pasado siglo, cuando estalló la música pop y surgió el actual poder de las discográficas. Y ellas serán las primeras beneficiadas de esta extensión de derechos.

Bajo el argumento de la desigualdad de los derechos entre compositores e intérpretes, la solución propuesta por McCreevy es aumentar la duración de los derechos al período más largo: 95 años, una eternidad.

Estamos en 2008 y empiezan a caducar los derechos de muchas interpretaciones de la gran explosión de la música pop y de la edad de oro del jazz y el soul. Y las grandes discográficas no quieren perder el filón de esos viejos discos en la era de la larga cola, cuando el mercado digital permite mantener con costes muy bajos ese inventario de música de otra época a la que se le puede ir arañando alguna rentabilidad. Sobre todo cuando de vez en vez surge una marea de revival para airear esos viejos activos. La Comisión niega el daño al dominio público porque las obras de los intérpretes siguen protegidas más allá de los 50 años por los derechos de los autores: 70 años en la legislación actual que caminan hacia los 95 ya incluidos en esta medida.

McCreevy insiste en que de esta forma se paliarán las pérdidas "por la rápida caída de las ventas de soportes físicos (30% en los últimos cinco años) y el lento crecimiento comparativo de las ventas digitales". Una medida para mantener un negocio que se acaba.

El futuro de los contenidos

En ninguna de las nuevas medidas surge la reflexión sobre un futuro de los contenidos con más mezcla, más utilización y recreación de contenidos anteriores, ni tampoco sobre la oportunidad de construir un tesoro cultural de dominio público europeo. Tampoco se aprovechan las citas sobre la facilidad de los contenidos digitales para ser creados, producidos o distribuidos para una reflexión sobre por qué proteger con tanto ímpetu a los contenidos nacidos de esa misma facilidad y bajo coste impulsados por la cultura de masas.

Es la cultura y el mercado de masas lo que se protege, no la nueva cultura digital y la creación en red. La Europa digital avanza tímidamente atrapada en muchas ataduras y negocios de una época que acaba.