Los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el presupuesto amenazan el crédito

San Juan.-  Los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo de Puerto Rico sobre el presupuesto del Estado para el año fiscal que comenzó el pasado 1 de julio vuelven a poner en peligro la clasificación del crédito de la isla.

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(EFE)

El presidente del Senado de Puerto Rico, Kenneth McClintock (archivo), se enfrentó hoy al secretario de Gobernación sobre el efecto que tendrá el que todavía no se haya aprobado un presupuesto general para el año 2008-2009.

El secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, y el presidente del Senado, Kenneth McClintock, del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), se enzarzaron hoy en acusaciones mutuas sobre el efecto que tendrá que todavía no se haya aprobado un presupuesto general para el año 2008-2009.

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), presentó el pasado 13 de marzo una propuesta de presupuesto ante el Parlamento puertorriqueño de 9.488 millones de dólares.

El 30 de junio, el Senado aprobó un presupuesto con enmiendas propias y de la Cámara de Representantes que aún está a la espera de que Acevedo Vilá lo rubrique, o lo vete, una semana después de comenzar el periodo al que aplicaría y mientras sus asesores tratan de entender qué fue realmente lo que propuso el Legislativo.

McClintock envió el martes cartas a las agencias que clasifican el crédito de Puerto Rico en las que acusa al gobernador del retraso en la firma del presupuesto.

Silva Puras reaccionó hoy a las cartas del presidente del Senado indicando que "el crédito del país es un asunto muy serio con el cual no se puede jugar a la política".

"Luego de casi cuatro años entorpeciendo la labor ejecutiva y sin haber demostrado el menor interés en unirse al esfuerzo nuestro de para devolverle la estabilidad crediticia al Estado Libre Asociado (ELA), ahora sale el Presidente del Senado a criticar esos esfuerzos", indicó Silva Puras.

Las expresiones de McClintock "afectan negativamente la imagen y percepción ante la comunidad financiera y los inversionistas".

El secretario de la Gobernación indicó que es "curioso" que McClintock "reclame participación en un proceso que se han dedicado a torpedear" en las cámaras del Legislativo, donde el PNP tiene mayoría.

"¿Por qué no lo hicieron cuando hacía falta para evitar la degradación del crédito?", indicó Silva Puras.

Durante los últimos tres años y medio las clasificadoras del crédito puertorriqueño han degradado los bonos del país caribeño en varias ocasiones impulsando la implantación, en noviembre de 2006, de un Impuesto a las Ventas y Uso (IVU) que grava con un 7 por ciento la mayoría de los bienes y servicios en el país.

La decisión se tomó después de que en mayo de ese año cien mil empleados públicos y medio millón de niños se quedaran sin acudir a sus trabajos y escuelas durante 15 días debido a la crisis presupuestaria que obligó al gobernador a cerrar temporalmente gran parte de las administraciones del Estado por falta de fondos.

Por su parte, McClintock tildó hoy de "politiquero" el "ataque" de Silva Puras.

Explicó que en las cartas a las clasificadoras crediticias descargó su "responsabilidad con estas entidades para que tengan todos los elementos de juicio a la hora de tomar las decisiones sobre el crédito de la isla".

"Pero eso no significa que el propósito es afectarlo, todo lo contrario", sostuvo McClintock, quien lamentó que las expresiones de Silva Puras "carecen de veracidad" y "aparentan responder a agendas políticas y no un propósito gubernamental".

Entretanto, los asesores del gobernador se afanan en analizar con lupa el presupuesto enmendado y aprobado por el Senado, sobre el que se informó desglosado en partidas pero sin que haya trascendido el monto total.

La desconfianza a la hora de firmar la legislación proveniente de la oposición se exacerbó con la rocambolesca aprobación del IVU.

El PNP proponía un "sales tax" que el gobernador criticaba, pero ante el ultimátum de las acreditadoras Acevedo Vilá decidió proponer un IVU del 4 por ciento para el estado, un 1,5 para los municipios y otro 1,5 para pagar deuda, para un total de un 7 por ciento.

Pero el lenguaje del proyecto era tan confuso que cuando los legisladores del PNP lo aprobaron pensaban que habían dado paso a un IVU del 5,5 por ciento.