HRW señala que el Estado peruano dificulta el acceso al aborto legal terapéutico

Lima.-  El Estado peruano dificulta el acceso y la información para la práctica del aborto legal terapéutico, lo que pone en peligro la vida y la salud y constituye una violación a los derechos humanos de cientos de mujeres y niñas, denunció hoy la ONG Human Rights Watch (HRW).

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(EFE)

El Código Penal de Perú contempla el aborto terapéutico, pero carece de un protocolo para su implementación.

Angela Heimburger, autora del informe dado a conocer hoy, denunció en una rueda de prensa en Lima que en Perú "a las mujeres y niñas que enfrentan embarazos capaces de segar su vida o dañarlas permanentemente se les niega un aborto legal o ni siquiera saben que tienen el derecho a procurárselo", lo que es una "obligación para el Estado".

"Perú tiene la obligación, no la opción, de proteger el derecho a la vida de las mujeres, y a no ser discriminadas (...) y también a no ser sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes", como pueden ser obligarlas a llevar a cabo un embarazo inviable o peligroso, matizó.

El documento "Tengo derechos, y tengo derecho a saber: la falta de acceso al aborto terapéutico en Perú", subraya que el Estado no solo hace poco para garantizar la aplicación del servicio al aborto terapéutico, que es legal en el país andino, sino que obstruye activamente las iniciativas orientadas a mejorar su aplicación.

El Código Penal de Perú, donde el 80 por ciento de la población es católica, contempla el aborto terapéutico, pero carece de un protocolo para su implementación.

En el informe se señala que entre otros obstáculos, las mujeres afrontan unas normas imprecisas y restrictivas que no aclaran qué motivos justifican un aborto legal, la inexistencia de un protocolo nacional de criterios que lo justifican, la falta de rendición de cuentas en caso de que sea denegado y el temor de los médicos a ser procesados si realizan un aborto terapéutico.

En ese sentido, el documento subrayó el caso de K.L, una adolescente de 17 años que fue obligada a llevar a término el embarazo de un feto sin cerebro, que se prolongó casi 10 meses, y también la forzaron a alimentar a la criatura durante los cuatro días que vivió, lo que originó a la madre una severa depresión.

Este caso fue llevado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que resolvió que Perú debía indemnizarla y además reformar sus políticas para evitar casos similares, lo que aún no a ocurrido.

Para los autores del informe, la situación respecto al conocimiento del derecho al aborto impulsa el aborto clandestino y la mortalidad materna, que en Perú es la segunda mayor de América Latina tras la boliviana.

Pese a ser ilegal, en Perú se producen anualmente unos 400.000 abortos, de los cuales el 15 por ciento terminan en la muerte de la madre, según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG).

La clandestinidad en la que recae el aborto provoca que las mujeres y niñas pobres del país, que no pueden permitirse el acceso a una clínica privada y terminan en manos de personas no reguladas ni calificadas o con remedios caseros peligrosos.