Correa elogia la incautación de empresas, mientras que los trabajadores temen por su empleo

Quito.-  La incautación hoy de 195 empresas vinculadas al Grupo Isaías supone el fin de la "pesadilla de un atraco bancario" para el presidente de Ecuador, Rafael Correa, mientras que para cientos de empleados de esas firmas es el inicio de un período de incertidumbre.

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(EFE)

El gerente de la estatal Agencia de Garantía de Depósitos de Ecuador (AGD), Carlos Bravo (d), señaló en una rueda de prensa en Quito (Ecuador) que ve "difícil" que el Estado logre recuperar el "hueco patrimonial" detectado en el caso Filanbanco, un proceso en el cual se incautaron 195 empresas.

Correa descartó que con la incautación de las empresas, entre ellas las televisiones TC y Gamavisión, pretendan coartar la libertad de expresión, mientras representantes de la AGD insistieron en que se trata de una acción financiera y no política.

Ello debido a que la Junta Bancaria ha determinado que en torno al caso Filanbanco, vinculado con el "Grupo Isaías", las pérdidas ascienden a 661,5 millones de dólares.

La incautación, realizada por la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), provocó la renuncia del ministro de Economía, Fausto Ortiz, que presuntamente se oponía a la medida, y su reemplazo por la parlamentaria andina, Wilma Salgado.

Correa aspira que con lo que se recupere con la incautación se pague a los afectados por el cierre del Filanbanco, por lo que aspira que no se presenten impugnaciones a la acción para evitar alargues en el proceso.

El gerente de la AGD, Carlos Bravo, ve difícil recuperar el "hueco patrimonial tan grande" en el caso Filanbanco y expresó su esperanza de que se puedan vender lo más pronto posible los medios de comunicación para que vuelvan a manos privadas e incluso espera que en el proceso intervengan los empleados.

Los constantes llamamientos a la tranquilidad por parte de la AGD a los empleados de las empresas incautadas no calaron tan pronto se conoció la medida y aunque poco a poco los trabajadores asimilaban la situación, mantenían el temor de perder sus empleos.

Por ello, alrededor de 250 empleados de Gamavisión secundan desde hoy una huelga de brazos caídos y aseguraron que no presentarán los informativos y dejarán a la AGD la operación del canal.

Mientras tanto, empleados de empresas aseguradoras, azucarera y de distribución de repuestos de automóviles, también se mostraron preocupados por su futura situación laboral.

Entre las incautadas figuran empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción y medios de comunicación, así como yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles.

El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Solhá, rechazó lo que llama un ambiente "totalitario".

Para Peñaherrera, la incautación de los canales privados TC-Televisión y Gamavisión atenta contra la libertad de expresión, una característica propia de los gobiernos totalitarios, según dijo.

"Vivimos momentos escalofriantes cuando todo el sistema de libertades que vivimos están siendo vulneradas", comentó al formular un llamamiento a los ecuatorianos a defender las libertades porque, a su criterio, "nunca en la historia se hicieron cosas como las que se están haciendo ahora".

Por contrario, el izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD) calificó como "legítima, legal y correcta" la decisión de la AGD "ya que todos los banqueros que han perjudicado al Ecuador, deben ser sancionados, extraditados y encarcelados".

Para el MPD, las acciones que cumple la AGD, "están encaminadas a recuperar los 8.000 millones de dólares del salvataje bancario, que en los últimos 10 años gobiernos serviles a la banca y al poder económico del Ecuador, no lo han hecho, convirtiéndose en cómplices de estos".

También la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador se congratuló "por la recuperación de los bienes de todos los ecuatorianos que estaban en manos de los responsables del más grande saqueo a la economía" del país.