Lima.- El secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, calificó hoy de "dictatorial" el anuncio de que el Gobierno usará a las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia durante el paro nacional del próximo miércoles.
Huamán, que dirige el mayor gremio sindical peruano, dijo a los periodistas que la huelga será pacifica y responsabilizó al Gobierno si ocurren hechos de violencia.
"La participación de los militares es una medida dictatorial que ilegitima al propio Gobierno. Será el mismo presidente de la República, Alan García, el principal responsable de ocurrir alguna tragedia", afirmó.
El dirigente aseguró que los miembros de las fuerzas armadas están preparados "para la guerra" y no para ejercer labores de control y vigilancia interna.
Huamán también denunció que el gobernante Partido Aprista Peruano (PAP) desarrolla una "campaña sucia con dinero de todos los peruanos" con la intención de relacionar a los principales líderes sindicales con terroristas.
"Es una vergüenza ver cómo utilizan el canal del Estado para atacarnos, algo que nos hace recordar los tiempos del montesinismo. Esto comprueba la relación APRA-Montesinos, que siempre existió", aseguró, al aludir al ex asesor Vladimiro Montesinos durante el Gobierno del presidente Alberto Fujimori.
Sindicatos y organizaciones sociales han convocado al paro en protesta contra la política económica del Gobierno de García, frente al alza del costo de la vida, en defensa de los campesinos y para denunciar la criminalización de la protesta social por parte del Ejecutivo.
La huelga fue apoyada hoy por el líder nacionalista Ollanta Humala, quien aseguró que la inestabilidad política y social continuará en Perú si el Gobierno no modifica su actitud de "amedrentar y amenazar" a quienes se oponen a su visión del país.
En un encuentro con la prensa extranjera, el político justificó la convocatoria de la protesta y rechazó las "lamentables" políticas comerciales del presidente García y sus amenazas de salirse de la Comunidad Andina (CAN) "para firmar a como dé lugar un Tratado de Libre Comercio con Europa".
El vicepresidente de la CGTP, Olmedo Auris, señaló que el Gobierno busca provocar al pueblo, al indicar que existen "decretos legislativos que amparan al Ejército y a la Policía para poder disparar".
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) rechazó la autorización para la intervención de las Fuerzas Armadas, al considerar que se basa en una norma facultada solo para casos de estado de emergencia.
El director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo, comentó que la intervención de las Fuerzas Armadas es una medida exagerada que puede generar alarma en la ciudadanía.
La organización recordó la intervención del Ejército en una manifestación estudiantil en la región Puno, en mayo de 2004, en la que murió un estudiante.
Además, cifró en 30 los manifestantes fallecidos en manos de las fuerzas del orden en los últimos años.
El ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, comentó, por su parte, que las Fuerzas Armadas solo actuarán como apoyo para la Policía Nacional, pero no harán uso de las armas.
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