Areces confía en que se consensúe un modelo financiero razonable y favorable

Oviedo.-  El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha asegurado hoy que tiene "confianza" en que se alcance un acuerdo de financiación autonómica razonable y favorable a los intereses de Asturias, que se enfrenta a una negociación "compleja" en la que tratará de evitar que la variable poblacional gane peso.

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(EFE)

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces (en la imagen), confía en que se alcance un acuerdo de financiación autonómica razonable.

"Podemos alcanzar posiciones de acuerdo y de consenso desde nuestro punto de vista", ha subrayado Areces al comparecer hoy ante el pleno de la Junta General del Principado, a petición del PP, para informar sobre la posición que mantiene el Gobierno asturiano de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

Areces ha apreciado un "notorio grado de coincidencia" con las posiciones que defienden PP e IU de cara a esta negociación y ha advertido de que, aunque no se puede pretender que el planteamiento de Asturias sea recogido al cien por cien en una negociación multilateral, "hay unas líneas rojas en las que hay que plantear justas reivindicaciones" como el mantenimiento de los recursos.

El jefe del Ejecutivo regional ha incidido en que Asturias defiende un sistema solidario y que garantice la prestación de servicios públicos en las mismas condiciones para todos los ciudadanos, con independencia de donde residan.

En este sentido, ha afirmado que desde Asturias "no se va a aceptar" que el parámetro de la población "desequilibre" de nuevo la financiación frente a otras variables que en el modelo deben tenerse en cuenta y que interesan a la comunidad autónoma como la dispersión de la población, el sobrenvejecimiento, la orografía y la renta relativa.

Así, según Areces, el incremento de la población no sólo supone un aumento del gasto en la prestación de servicios, sino también el de los ingresos tributarios por lo que, en su opinión, la emigración no puede llevar a que el peso de la variable poblacional incremente su peso a la hora de establecer el reparto.

El jefe del Ejecutivo regional ha destacado la necesidad de que el acuerdo se alcance en un marco multilateral, como consecuencia del diálogo con todas las comunidades autónomas, que garantice en el tiempo el equilibrio entre ingresos y gastos y que se ofrezcan servicios con la misma calidad en todo el territorio.

Tras su intervención, el portavoz parlamentario del PP, Ovidio Sánchez, ha acusado al presidente asturiano de haber mantenido una "actitud pasiva" y de haber estado "más pendiente de los intereses de partido que del de los asturianos".

En su opinión, el modelo de financiación va a ser modificado "porque no le gusta al Gobierno catalán", pero con él se va a determinar si "Asturias va a ser en el futuro una comunidad de primera o de segunda".

"La reforma de la financiación es absolutamente innecesaria e insolidaria, impuesta por Cataluña al resto de España y aceptada por ustedes y por la debilidad del gobierno de la Nación", ha subrayado Sánchez que, sin embargo ha tendido su mano al presidente regional para defender los intereses de Asturias.

Según Sánchez, se trata de un asunto de tal gravedad que debe considerarse un asunto de Estado al que hay que enfrentarse desde la "unanimidad política y social de la comunidad" por lo que ha incidido en que si Areces "defiende los intereses de la comunidad autónoma y da cuenta a la Cámara regional tendrá el apoyo del PP en este debate, que va a ser especialmente difícil".

Desde Izquierda Unida, su portavoz, Jesús Iglesias, también le ha deseado al presidente del Principado "el mayor éxito" en la negociación de la financiación autonómica "porque dado el grado de coincidencia que hay, su éxito será el de Asturias y el del Parlamento regional".

Iglesias ha afirmado que debe superarse el concepto de "solidaridad" en el modelo y que debe ser sustituido por el de "convergencia social", ha subrayado que debe rechazarse cualquier propuesta de nivelación parcial y reconocer al Estado el papel de garante de prestaciones equiparables a todos los ciudadanos como la sanidad, educación, seguridad social, justicia, vivienda, medio ambiente o atención a la dependencia.